Los diputados provinciales de la oposición plantearon el primer desafío al Gobierno de Sergio Ziliotto: los representantes de la UCR, el PRO y Comunidad Organizada se unieron y le solicitaron que “cumpla inmediatamente” con un requerimiento de la Justicia para conocer si hay empleados estatales que cobran, también, con el programa Potenciar Trabajo.
El pedido lo firmaron Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, de Comunidad Organizada, el partido creado por el exministro Juan Carlos Tierno; Gisella Cuadrado, Hipólito Altolaguirre, Sergio Pregno, Javier Torroba, Romina Mota, Julián Aguilar y María Andrea Valderrama Calvo, de la UCR; y atías Traba, Lucas Lazaric, Enrique Juan, Noelia Viara, Celeste Rivas y María Laura Trapaglia, del PRO y MID.
Es decir, los 15 legisladores por la oposición. Los otros quince son del peronismo. Eventualmente, ante un empate, debe definir la presidenta de la Legislatura, Alicia Mayoral, ultravernista pero de buena relación con Ziliotto.
Uno de los datos más llamativos es el acercamiento de Comunidad Organizada con la UCR y el PRO. En rigor, el acercamiento de Fonseca, quien viene denunciando a sus pares opositores tanto como a los del PJ.
La movida opositora se suma a otra preocupación que tiene Ziliotto: la posibilidad de que, con el avance de 2024, los cinco diputados provinciales del ultravernismo -que, como ya adelantó Diario Textual en exclusiva, le marcaron la cancha, al pegar al faltazo a una reunión convocada por el mandatario– le torpedeen o le dificulten avanzar con sus iniciativas en la Cámara de Diputados. El “Grupo de los 5”, todos vernistas de paladar negro -como alguna vez lo fue el propio gobernador-, está comandado por Daniel Lovera y Hernán Pérez Araujo. El tiempo dirá cómo será la relación. Como ya publicó Diario Textual, hay quienes tienen cierto temor de que se intente reeditar los movimientos de “Los 12 Apóstoles”, el grupo del vernismo que puse de rodillas al entonces gobernador Oscar Jorge hace una década.
Concretamente ahora los legisladores del PRO, de la UCR y de Comunidad Organizada reclamaron a Casa de Gobierno que cumpla inmediatamente con el requerimiento judicial del fiscal federal Guillermo Marijuan -vinculado al PRO-, de brindar los datos de los empleados estatales que sean beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo. Incluso solicitaron que ese informe sea reenviado detalladamente a la Cámara de Diputados. De todas maneras, no se conoce -al menos públicamente- que el oficio de Marijuan haya llegado a Casa de Gobierno.
“Motiva el presente, la preocupación de los distintos bloques, ante la posible comisión del delito de defraudación contra la Administración Pública, y violación a los deberes de funcionario público, donde La Pampa tiene la obligación de responder de manera urgente”, expresaron. “Ese dinero debe ir destinado a las personas que se encuentran en condiciones de recibirlos, pero no para maniobras que puedan significar la malversación de fondos públicos, incluso con personas que son receptoras de más dinero por el empleo u otra forma con sostenimiento del dinero público y de lo cual tanto las provincias, como los municipios resultan responsables”, agregaron.
Este martes, precisamente, el Gobierno nacional formalizó la suspensión del pago del programa Potenciar Trabajo a más de 4.500 personas por supuestas incompatibilidades en 14 provincias (no se incluyó a La Pampa). La decisión había sido anticipada días atrás por el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, luego de que avanzara una investigación llevada a cabo por el fiscal Marijuan.
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