El gobernador Sergio Ziliotto anunció, en el discurso ante los legisladores luego de asumir su segundo mandato, un giro en la política penitenciaria histórica de La Pampa: dijo que analiza la creación de un servicio penitenciario provincial. Es más, sostuvo que sopesa la posibilidad de construir una cárcel.
Actualmente en La Pampa las cárceles son federales. Solo hay comisarías y alcaidías a cargo de la Provincia para mantener a procesados -aunque, en los hechos, por la sobrepoblación carcelaria también hay decenas de condenados-. La situación ha obligado, por ejemplo, a firmar convenidos con Nación para construir pabellones en la Unidad Penal 4 de Santa Rosa para alojar a presos pampeanos (aunque luego el Servicio Penitenciario Federal no respeta los acuerdos) y acordar con Neuquén para enviar condenados por abusos sexuales al penal de Senillosa.
Históricamente los gobernadores pampeanos han desestimado la creación de un servicio penitenciario provincial por una -principal- razón: los altos costos. Pero esa visión ha comenzado a cambiar con Ziliotto en el gobierno.
El gobernador dijo que adherirá a la Ley de Desfederalización de Narcomenudeo que, entre otros puntos, implica que la Justicia penal provincial pasará a tener competencia en casos de narcomenudeo, una facultad que hasta el momento es exclusiva de la Justicia Federal.
“Vamos a redoblar nuestro compromiso inclaudicable en la lucha contra el narcotráfico en nuestra provincia, un flagelo que afecta a toda la sociedad y en particular a nuestros jóvenes”, dijo. “En este sentido, como ustedes saben, la competencia originaria para investigar y juzgar en los delitos vinculados a estupefacientes es de la Justicia federal. Sin embargo, ante el creciente tráfico ilegal de estupefacientes, pondremos en marcha un mayor involucramiento en esta lucha”, manifestó.
“Sin perjuicio de que nuestra Policía Provincial ya interviene como auxiliar de la justicia federal, sumaremos recursos provinciales en el marco de una tarea activa y de responsabilidades directas”, sostuvo.
El primer paso, dijo, será adherir a la Ley Nacional de Desfederalización de Estupefacientes, comúnmente llamada “de narcomenudeo”. De este modo, será la Justicia local la que asuma la competencia para investigar y juzgar estos delitos, a partir de la creación de unidades fiscales especializadas. “Para concretar y sostener este desafío, propiciaremos un trabajo coordinado con el Poder Judicial de la Provincia de La Pampa y con la justicia federal, aunando y sumando criterios, recursos y capacidades. Sin dudas, que esta nueva organización contra el narcotráfico derivará en un crecimiento de causas en jurisdicción provincial, y por lógica, de una mayor cantidad de personas condenadas”, dijo.
“Ello nos llevará ineludiblemente a analizar la necesidad de la creación de un Servicio Penitenciario Provincial y la construcción de una nueva unidad penitenciaria”, manifestó.
“Otra herramienta para avanzar en mayor seguridad y prevención del delito en este nuevo período será la incorporación de más tecnología, no sólo en los puestos camineros, internos y limítrofes, sino en puntos estratégicos del territorio provincial, potenciando de esta manera el sistema Pampa Seguridad Activa”, expresó.
“A fin de garantizar la participación de la ciudadanía en materia de seguridad, en línea con la nueva ley de Seguridad Pública y Ciudadana, se constituirán en todo el territorio de la provincia los Foros Vecinales, fomentando la participación activa de la población. Además, continuaremos con la capacitación y formación profesional permanente del personal policial, herramientas fundamentales para contribuir con los objetivos y metas de las políticas públicas de seguridad ciudadana”, sostuvo.
El delito de narcomenudeo es aquel entendido como, la tenencia de pequeñas cantidades de estupefacientes que se comercializa bajo un esquema más rudimentario que el comúnmente conocido en el delito de narcotráfico a gran escala. Esto debido a que tiende a ser comercializado mediante la modalidad de “delivery”, o bien en lugares que además de funcionar como puntos de venta,
comúnmente son el propio domicilio del vendedor. Estas mismas características del delito, lo posicionan como una actividad bastante “común” dentro de la criminalidad, dado que no requiere de un sistema sofisticado para ser practicado.
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