El ajuste de Milei ya repercute con fuerza en las provincias: el gobernador de San Luis, Claudio Poggi (Juntos por el Cambio), anunció que desdoblará el pago de salarios, tomará deuda y paralizará la obra pública, como medidas frente al ajuste que lanzó el Gobierno de Javier Milei.
Los empleados de la administración pública, docentes, policías, becarios y Plan de Inclusión esperaban expectantes un incremento salarial. Pero lejos de eso, se encontraron con la noticia de que percibirán sus haberes en cuotas.
De acuerdo a lo que referenció el gobernador Poggi, la provincia presenta una “desastrosa situación financiera” y debido al “dispendio irresponsable de los fondos y los nichos de corrupción”, las cuentas están en rojo.
Poggi señaló que, desde hace 4 años, San Luis viene con déficit. “En 2020 ascendió a $4.172 millones, en 2021 a $9.117 millones, en 2022 a $7.172 millones y el de 2023, con recursos por $456.641 millones y gastos por 581.761 millones el déficit ascenderá a $125.119.974.433,75”, apuntó.
Subrayó que, si no se lleva adelante un ajuste severo, podría alcanzar casi los $310 mil millones el déficit proyectado para el 2024.
“Lamentablemente, con mucha angustia, dolor y bronca, por primera vez en 40 años el sueldo se pagará en dos partes. Deberemos desdoblar en dos cuotas los salarios de diciembre y enero”, dijo. Por lo que especificó, el de diciembre se abonará una mitad el viernes 29 y la otra mitad el martes 16 de enero. Mientras que el de enero se hará efectivo el 31 de ese mes (la primera mitad) y el viernes 16 de febrero.
El mandatario instó a las universidades provinciales y entes del Estado que adopten la misma acción, y hará extensiva la invitación a los poderes Judicial y Legislativo.
Anunció que la semana próxima convocará a sesiones extraordinarias en la Legislatura para elevar un proyecto de ley para tomar un empréstito por 150 mil millones de pesos. “Si no lo hacemos, no podremos pagar los salarios de enero, ni hablar en el resto del año”, manifestó.
Confirmó finalmente que el Ejecutivo va a suspender las obras públicas. En aquellas que están en ejecución, se van a sentar con cada contratista con la misión de conciliar la necesidad de continuar la obra, la preservación de los puestos de trabajo y la realidad financiera del Estado.
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