La Ley Ómnibus criminaliza la protesta y apunta a referentes de organizaciones sociales y sindicales

El proyecto de Ley Ómnibus que este miércoles envió el presidente Javier Milei al Congreso, que deberá ser tratado en sesiones extraordinarias por ambas cámaras, no solo limita la protesta social y sindical, sino que la criminaliza, además de apuntar directamente contra los referentes de las organizaciones sociales y sindicales.

El capítulo 1 del apartado dedicado a Seguridad y Defensa de la «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», que se refiere a Seguridad Interior y Organización de las Manifestaciones, modifica el artículo 194 del Código Penal de la Nación agravando las penas existentes o incorporando nuevos castigos.

El nuevo texto indica que todo aquel que «impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3) años y seis (6) meses«.

Además, advierte que «quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe«, en una clara alusión a los referentes de las organizaciones sociales, sindicales y políticas.

La letra del Artículo 14 bis considera organizador o coordinador de una reunión o manifestación a todo aquel que «convoque a otras personas a participar de la reunión, coordine a personas para llevar a cabo la reunión, o provea cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión», independientemente de si asisten o no a la manifestación.

Este último artículo significa que, de aprobarse la ley, en el futuro ningún candidato podrá realizar caravanas como las que Milei encabezó en varias ciudades del país durante la campaña presidencial, el famoso «Tour de la Libertad».

La Ley indica que toda reunión o manifestación deberá ser notificada fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad con 48 horas de antelación, detallando las características de la manifestación y mencionando los datos de la persona humana o jurídica que la organiza, con nombres propios y datos personales de sus organizadores, delegados o autoridades, independientemente de que participen o no de las mismas.

Es decir que habrá que pedirle permiso a Patricia Bullrich para manifestarse. Sin embargo, le reserva a la cartera de Seguridad la facultad de oponerse a la realización de la reunión o manifestación «fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional».

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