El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, realizó hoy una presentación judicial para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/23) de desregulación de la economía firmado por el presidente Javier Milei, que entró en vigencia este mismo viernes. La Corte aceptó el amparo y comunicó que lo tratará luego de la feria judicial de enero de 2024.
Se especula con que el gobernador pampeano Sergio Ziliotto, quien ha manifestado públicamente su férreo rechazo al DNU que borró de un plumazo a unas 300 leyes, pueda tomar el mismo camino de ir a la Corte. Sin embargo, al menos hasta el mediodía, había hermetismo sobre los pasos que dará el mandatario.
Quintela hizo el anuncio en su cuenta de la red social X (antes Twitter). Se trata de una “acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad” de la norma impulsada por el Poder Ejecutivo ya que “produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución Federal y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”, según afirmó Quintela.
Se trata de la primera presentación que se hace ante la Corte Suprema en contra del DNU, el que ya fue objetado a través de diferentes amparos en tribunales menores.
Titulado “Bases para la reconstrucción de la Economía argentina”, el DNU fue presentado por Javier Milei y su gabinete de ministros en cadena nacional el pasado 20 de diciembre. Horas más tarde -en la madrugada del jueves 21- fue publicado en el Boletín Oficial, pero por ley debe entrar en vigencia a los 8 días, es decir rige desde este viernes 29.
La ambiciosa jugada del Gobierno contempla el fin de las leyes de Alquileres, de Tierras y de Abastecimiento, flexibilización del mercado laboral y la antesala a la privatización de empresas públicas, entre varias reformas que fueron explicitadas en los 366 artículos del documento de 83 páginas.
Pese al rechazo de la Confederación General del Trabajo (CGT), los movimientos sociales y un sector de la sociedad civil que viene realizando cacerolazos contra las primeras medidas de Milei, el DNU ahora deberá ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso, un organismo integrado por ocho diputados y ocho senadores que debe emitir un dictamen sobre el fondo y la forma del decreto que, luego, deberá ser analizado por ambas cámaras.
En esta instancia, el DNU puede ser rechazado u aceptado por mayoría absoluta de los presentes. No se pueden introducir modificaciones ni agregados. Si ninguna cámara lo trata, quedará vigente. Si una cámara lo acepta y la otra lo rechaza, sigue vigente. Solo quedaría nulo si tiene rechazo tanto en Diputados como en el Senado. La Corte Suprema de Justicia también puede desactivarlo -hay fallos previos que juegan en contra de la avanzada de Milei- pero mientras tanto el DNU sigue vigente.
En tanto, el vocero presidencial Manuel Adorni ratificó que el Gobierno irá a fondo en la aplicación del decretazo 70/23 con el que volteó más de 300 leyes y en la aprobación de la Ley Ómnibus que, entre una lista interminable de medidas, podría otorgarle al Presidente facultades extraordinarias –siempre y cuando logre pasar el filtro del Congreso– hasta el último día de su mandato constitucional.
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