La Corte Suprema puso en marcha «la creación de la Oficina de Ciberseguridad», un organismo especial que funcionará «bajo la órbita de la Dirección de Sistemas» con el objetivo de prevenir eventuales hackeos a sus documentos y bases de datos de tramitación de causas.
El nuevo organismo, que dependerá de «un funcionario con categoría de Subdirector», tendrá como misión «gestionar la seguridad cibernética de la Corte Suprema, asegurando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y sistemas».
Ello, explica la Acordada 32/2023, «mediante una gestión proactiva frente a amenazas cibernéticas y promoviendo una cultura robusta de seguridad informática».
«En el contexto actual de digitalización y modernización, los procesos judiciales y administrativos enfrentan desafíos sin precedentes, siendo las amenazas cibernéticas una de las principales preocupaciones, dada su capacidad para comprometer la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas informáticos del Tribunal», explica la Acordada.
«La Corte Suprema, como custodio de información crítica y sensible, tiene la responsabilidad ineludible de garantizar la resiliencia y protección de sus sistemas informáticos frente a cualquier amenaza cibernética», añade.
El documento fue firmado por tres de los jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, mas no por el cuarto integrante del tribunal, Ricardo Lorenzetti.
«La gestión proactiva de riesgos, la respuesta ágil a incidentes y la formación continua en ciberseguridad son esenciales para garantizar la protección integral de nuestros activos digitales y la confianza pública en el sistema judicial», sostuvo la troika mayoritaria del tribunal.
En ese contexto, advirtió que «dada la sofisticación y evolución constante de las amenazas informáticas, es esencial contar con un equipo especializado en ciberseguridad, capacitado y actualizado conforme a las mejores prácticas, normativas y estándares internacionales en materia de seguridad informática».
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