“Esta escalada del dólar de los últimos días y su impacto en el precio de los insumos estratégicos de la salud y en los demás costos profundizan la crisis estructural y el deterioro del sector, en particular de las pymes independientes prestadoras de diagnóstico y tratamiento médico de todo el país. En un escenario de gravedad como el actual, las actividades de estas empresas están llegando a una situación límite, después de años de permanente atraso de sus aranceles”, explicó Guillermo Gómez Galizia, presidente de CADIME.
La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico advirtió, además, que, si las políticas de salida de la crisis continúan tendiendo a fortalecer la concentración en el sector, se marcha aceleradamente a la formación y consolidación de oligopolios y a la destrucción de miles de empresas pymes y del capital humano que forma parte de ellas, y se perderá todavía más eficiencia y equidad en el sistema.
Esta situación se produce a pesar de la vigencia de las leyes 26.682, de obligaciones mínimas que debe cumplir la medicina prepaga, y 23.661, del Sistema Nacional de Seguro de Salud, que prevén la convocatoria a concertar los aranceles de las prestaciones médicas entre las partes y el Estado.
“Las pequeñas y medianas prestadoras se debaten en un mercado monopolizado por los actores del financiamiento, los que continúan imponiendo precios, condiciones de pago, calidad y volumen de servicios a brindar. Además, la concentración financiera y prestacional que hoy revela el sector de la salud implica comprender que el mantenimiento de aranceles depreciados es funcional al hecho concentrador”, subrayó Gómez Galizia.
En este sentido, CADIME, constituido por más de 13.000 pymes, que generan 65.000 puestos de trabajo técnicos y administrativos y 20.000 empleos para profesionales bioquímicos y médicos, viene insistiendo ante la Superintendencia de Servicios de Salud, como autoridad de aplicación, para que ponga en funcionamiento los mecanismos de concertación previstos por las citadas leyes y, de esta manera, se pueda fijar el valor de los nuevos aranceles, considerando los costos de producción.
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