“Todos los días intervenimos ante situaciones de violencia y abuso. Este año, hasta julio y solo en Santa Rosa, registramos más de cien denuncias de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes”, reveló Juan Pablo Meaca. Según el titular de la Defensoría de Niñez y Adolescencia “la violencia y el abuso son problemáticas que atraviesan a toda la sociedad y no pueden atribuirse a un grupo o sector determinados”. En este caso se observa una “mayor difusión pública porque fue el propio niño quien llamó a la policía, pero para nosotros es una situación más, entre muchas que presenciamos a diario”, aclaró.
Entrevistado por Radio Noticias (FM 99.5) consideró que “lo que sí marca una diferencia es que distintos actores sociales comenzaron a denunciar estas situaciones, que de otra manera permanecerían ocultas, invisibilizadas”. Según Meaca, es resultado “de un trabajo preventivo y de cuidado, enfocado en facilitarle información y herramientas a los niños, incluyendo dónde y cómo pedir auxilio. Y por eso es tan importante aplicar la ESI en las escuelas”, advirtió.
En este contexto, se observa “una clara maduración de la sociedad y las instituciones, porque hace 15 ó 20 años un niño que llamara por teléfono a un servicio de emergencias no hubiera tenido esta respuesta, cuando la denuncia fue derivada a la Unidad Funcional de Género y Niñez, cuyo personal de guardia trabajó muy acertadamente y adoptó las medidas necesarias”.
- “Medida excepcional”
El defensor felicitó esa actuación, porque “acudieron en pleno fin de semana, en horario nocturno, se encargaron de buscar un familiar y lo pusieron a resguardo”. Y contó que cuando se registra una “llamada al 101 referida a niños y adolescentes y se constata una vulneración de derechos, la denuncia es derivada directamente a la Unidad Funcional ubicada sobre calle Güemes, que cuenta con personal técnico capacitado en cuestiones de género y niñez y articula con una guardia que atiende las 24 horas, integrada por trabajador social, abogado y psicólogo”.
En esta ocasión, “los padres fueron detenidos y se adoptó una medida excepcional, controlada por el juez de Familia, para poner al niño a resguardo”. A partir de ahora, “habrá un plazo de 180 días para el abordaje de los progenitores, evaluar al niño, observar el curso de la causa penal y analizar eventuales acusaciones”. Luego, el órgano administrativo y la justicia adoptarán una resolución. “Hay tres opciones: que el niño pueda ser restituido a sus padres, que quede a cargo de un familiar directo o, si ninguna de ésas es posible, que pase a condición de adoptabilidad”, concluyó.
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