El ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, asistió este martes a un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de La Pampa para explicar el proyecto de modificación de la Ley de Coparticipación que, como principal punto, establece la creación de un fondo adicional para ser distribuido entre 79 localidades pampeanas.
“Es un proyecto superador, que soluciona cuestiones de fondo de la actual ley y a su vez que inyecta una masa de dinero por fuera de lo que es la masa actual, que beneficia a todas las poblaciones”, dijo.
Con los cambios se pretende crear un nuevo fondo dentro de la Ley 1065: el Fondo Adicional de Distribución Poblacional, que es de carácter permanente, con recursos provinciales y de transferencia automática que se distribuye exclusivamente por población. El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, fue el único que ha mostrado disconformidad con los cambios.
Pero Bisterfeld defendió la iniciativa. “Si lo analiza bien, Santa Rosa se va a beneficiar. Con el nuevo íncide poblacional recupera dos puntos y a su vez se está regularizando muchas vicisitudes que tiene la actual ley que van a terminar favoreciendo a la capital”, dijo Bisterfeld. “El (Di Nápoli) expresó su postura totalmente entendible, pero desde nuestro punto de vista rebatible. Hay 80 municipios y comisiones de fomento y todos van a tener su postura. Eso lo entendemos porque cada uno defiende su parte, pero en la reunión que tuvo el gobernador con intendentes no hubo ninguna opinión en contra”, remarcó. “Es un proyecto perfectible, que traemos a la Legislatura para que se debate y se discuta y si las modificaciones es para mejorarlo, bienvenido sea”, sostuvo, y apuró a los legisladores al advertir que la iniciativa debería salir este año. “Es que se está desvirtuando cada vez más los problemas que tiene la actual ley”, sostuvo.
El ministro se refirió a los 6 puntos salientes del proyecto enumerándolos de esta forma:
1 – Suavizar la volatilidad de los índices repartidores de la coparticipación: veíamos que de un año a otro los índices informados por los municipios subían o bajaban un 25% o 30%, lo que marcaba una gran distorsión que no se podía seguir aceptando, por lo que se propone un promedio de los últimos 3 años para que esa distorsión se suavice y no sea de semejante violencia de un año a otro.
2 – Estructurar la incidencia de los recursos propios tributarios y no tributarios: Para la redistribución del 40% de la coparticipación, la información de los índices tributarios y no tributarios fueron desnaturalizándose y eso demandaba una corrección para que no siguiera por ese camino. La referencia es que en el año 2017, el 33% eran recursos tributarios y sólo el 7% no tributarios, llegando a la actualidad cuando los recursos tributarios bajaron al 29% y los no tributarios ascendieron al 11%, eso porque algunos gobiernos locales han ido incorporando servicios relacionados con la actividad comercial (estaciones de servicio, por ej.) y/o de provisiones de bienes y servicios (geriátricos, por ej). Así, para evitar esta tendencia destinada a un subsidio encubierto vía el incremento de los recursos coparticipables de composición actual de los recursos y se le pone un límite a la incorporación de ingresos provenientes de recursos no tributarios, fijándose como permanente el índice al 31 de diciembre de 2022, o sea 29% de recursos tributarios y 11% de no tributarios.
3 – Uniformar la información, para lo cual se confeccionará un clasificador de recursos que conformará un sistema de información común a todos los municipios, permitiendo, además de su comparación, evitar cualquier criterio subjetivo a la hora de determinar qué recursos se consideran para la determinación de los índices.
4 – Afianzar la fiabilidad de la información: con la instrumentación de una validación previa de cada Concejo Deliberante, en el caso de los municipios, y del Tribunal de Cuentas, en el caso de las comisiones de fomento; se mejorará la fiabilidad del informe “rendición de ingresos de recursos-ley de coparticipación” que incluirá los recursos propios tributarios y los no tributarios de las comunas.
5 – Otorgar previsibilidad, estableciendo que la rendición de ingresos de recursos, ante la secretaría de asuntos municipales para que la tesorería general de la provincia elabore los índices a partir de esa información, sean lso percibidos entre el 1 de julio y el 30 de junio del año siguiente.
6 – Restablecer la equidad distributiva creando el Fondo Adicional de Distribución Poblacional, ya que ante el avance de la participación de los recursos no tributarios se generaron distorsiones perjudicando a las localidades que basan sus finanzas en la recaudación de tasas municipales, asidero fiscal que se encuentra fuertemente relacionado con la población residente en la comuna. La creación de este Fondo implica para las arcas de la provincia un esfuerzo financiero, valuado en términos actualizados de 3458 millones de pesos que pasará en lso sucesivos ejercicios fiscales a manos de las comunas.
Inmediatamente después dela exposición del ministro, los legisladores no sólo hicieron sus primeras consideraciones respecto al proyecto, sino que también sometieron al titular de la cartera de economía a un cuestionario extenso.
A partir de un reclamo del diputado Eduardo Pepa de que deberían estar participando del plenario funcionarios de la secretaria de asuntos municipales, los diputados de la oposición cuestionaron la supuesta “discrecionalidad” con la que esa secretaría distribuye fondos “a partir de su presupuesto equivalente al 2% del presupuesto general, cuando lo que se distribuirá a partir de la implementación del Fondo Poblacional equivale al 1% (diputado Marcos Cuelle dixit), direccionándolos mayormente a los municipios oficialistas (“no hay equidad en la distribución de esos fondos”, señaló la diputada Laura Trapaglia y “los intendentes oficialistas no se harán problemas, porque asuntos municipales los compensarán” insinuó la diputada Agustina García). A lo que Bisterfeld comparó esa supuesta situación con la distribución discrecional que hacen los gobiernos nacionales de ATN, algo que refrendó la diputada Silvia Larreta recordando que “en épocas de inundaciones, cuando Macri era presidente, los subsidios por DNU llegaban a Realicó y no a las demás localidades que estábamos igual o peor. Y la diputada Alicia Mayoral relativizó lo sugerido por sus pares opositores, revelando que en su recorrida por los pueblos donde el peronismo había sido derrotado el 14 de mayo “los compañeros nos decían y, si al intendente que es de la contra, desde el gobierno provincial les da de todo, lo que les piden se los dan”.
Ante el pedido de que sean incorporados cuerpos de relatores en los concejos deliberantes, para poder cumplir con la validación previa de la rendición de ingresos de recursos; Bisterfeld y los diputados oficialistas les dijeron que “los municipios son autónomos”, que “no les demandará a los concejales una carga de trabajo mayor, porque los ingresos nunca son difíciles de controlar, el problema siempre está en el control de gastos”, y “es función de todo Concejo Deliberante el control de gastos y recursos”.
A los legisladores, el equipo de hacienda les aclaró que no se convocó a los intendentes electos a discutir la elaboración previa de la iniciativa porque “es transversal a quien ocupe circunstancialmente el sillón de intendente, es un trabajo que empezamos en 2017, es decir en el mandato anterior al actual, incluso”.
Y tanto los diputados Laura Trapaglia como Espartaco Marín (“ya lo dije públicamente que tiene que ser tenido en cuenta cuando se rediscuta una nueva ley que contemple la redistribución de la torta”) y Alicia Mayoral (“es necesario, imprescindible incluirlo en la discusión”) abogaron para que se aplique también en la coparticipación “un índice de vulnerabilidad social”.
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