La iniciativa, cuestionada por La Pampa y organizaciones ambientales mendocinas, fue aprobada con el voto de todos los partidos aunque la oposición lamentó “el escaso tiempo de tratamiento” que tuvo en el Senado. El texto había logrado media sanción en Diputados, con una amplia mayoría que incluyó al justicialismo, y el rechazo del Partido Verde, el PD y el diputado José Luis Ramón.
Según la prensa cuyana, el senador Marcelo Rubio, titular de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales se encargó de fundamentar el proyecto que “declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una serie de inmuebles para el emplazamiento de obras, yacimientos de material, caminos de acceso, servicios y líneas de energía correspondientes al embalse y la central hidroeléctrica”.
Rubio argumentó que “esta presa, viejo anhelo de Mendoza, permitirá abastecer con energía a 60 mil hogares, generará 800 puestos de trabajo directos y facilitará la creación de un nuevo polo turístico en el sur” de la provincia.
- Licitación
La flamante ley dispone que deberá constituirse “una sociedad anónima unipersonal de propósito específico” encargada de “licitar construir, operar y mantener el proyecto hidroeléctrico y cuyo único accionista deberá ser la podrán aportar financiamiento para ejecutar el proyecto, que recuperarán con los ingresos generados por la venta de energía eléctrica, en cuyo caso podrán cederse acciones” de aquella sociedad.
También autoriza al Ejecutivo a concesionar la sociedad constituida y la generación de energía “por hasta 150 Megavatios de potencia instalada” y a contratar directamente a la empresa Impsa para la provisión del componente electromecánico, y ordena crear una comisión bicameral de seguimiento para todo el proyecto.
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