A ocho años del primer Ni una Menos y a cuatro años de que se haya creado el Ministerio de Mujeres, los números reflejan que las acciones que se llevan adelante desde el Estado son insuficientes para abordar la problemática de la violencia machista que cada 31 horas se cobra la vida de una mujer. Según un relevamiento que publicó el Ministerio de Mujeres sobre acceso a la justicia en los abordajes del Programa Acercar Derechos, en más del 80% de los casos, las medidas que se dictan no son efectivas y existe y en el 70% de los casos se registró falta de investigación o se archivó la causa.
En tanto, en casi cuatro años gestión, la cartera que conduce Ayelén Mezina, impulsó un cambio de paradigma sobre el abordaje de las violencias y asistió a más de 1.650.000 de mujeres LGTBI+ en situación de violencia o vulneración de sus derechos. No obstante, las políticas desplegadas no se reflejan en el descenso de casos de violencia de género.
Uno de los principales obstáculos que enfrenta una persona en situación de violencia de género es la falta de acceso a la Justicia.
Demoras y falta de acceso
Según el relevamiento que realizó el Ministerio de Mujeres sobre las principales barreras de acceso a la justicia en los abordajes de violencia realizados por el Programa Acercar Derechos (PAD), de mujeres y LGBTI+ a través de acompañamiento integral e intercultural en todo el país, más del 80% de los encuestados encuentran demoras en la Justicia.
- Principales obstáculos en abordajes de violencia física:
El 86% de los encuestados sufrió demora excesiva en la respuesta del sistema de justicia, mientras que el 70% respondió que hubo falta de investigación o archivo de causas
. Además, el 48% remarcó que hubo fragmentación de las causas (distintas causas sobre una misma situación de violencia) e incomunicación entre diferentes jueves y juzgados.
Entre los datos relevados, se detectó el alto nivel de maltrato de mujeres y/o LGBTI+ por parte de los funcionarios judiciales, que marcó un 44% en estas situaciones.
En cuanto a la connivencia entre funcionarios judiciales y varones denunciados por violencia se ubicó en el 30%, mientras que un 28% denunció «sentencias contrarias a los derechos de mujeres y/o LGBTI+».
Ante la consulta sobre si «No se convoca ni consulta a la víctima antes de dictar la suspensión de juicio a prueba (Ley de Víctimas), las víctimas de violencia de género representaron el 26%.
- Principales obstáculos en las medidas de protección de Violencia de Género
Entre las trabas para acceder a las medidas de protección de violencia de género se reportó que en 8 de cada 10 casos «se dictan medidas pero no son efectivas» y que «persiste la situación de violencia».
Asimismo, 7 de cada 10 aseguraron que una vez que se venció la medida de protección «es la propia víctima debe ocuparse de solicitar e impulsar la prórroga o una nueva orden».
Entre los datos relevados, un 54% de los encuestados aseguró que hay escasez o ausencia de estos dispositivos en la provincia» y un 50% que hay «una demora excesiva en la respuesta del sistema de justicia», entre otros datos brindados por las mujeres y diversidades.
- Principales obstáculos en abordajes de violencia política:
El relevamiento de acceso a la justicia marcó un alto porcentaje de persecución de referentes u organizaciones políticas y sociales (manifestaciones, dichos en el espacio público, ocupación de tierras» (75%) y en cuanto a la connivencia entre funcionarios judiciales y varones denunciados por violencia y la demora excesiva en la respuesta del sistema de justicia, compartieron el 62% de los casos reportados de violencia contra mujeres LGTBI+.
- Acceso a la denuncia y obtención de medidas de protección:
De acuerdo a los datos preliminares, el tiempo promedio para la radicación de denuncia fue entre 2 y 5 horas y en cuanto a la toma de la medida de protección en sí fue de 24 horas en el 66% de los casos reportados.
A partir de la puesta en marcha del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, en los últimos tres años y medio se asistió a más de 1.650.000 de mujeres LGTBI+ en situación de violencia o vulneración de sus derechos.
Desde el área, destacaron la articulación entre diferentes áreas del Estado, pero aseveraron: «La salida es colectiva y es con un Estado presente, con el presupuesto y los recursos necesarios para invertir en políticas públicas que promuevan la igualdad y el abordaje integral de las violencias por motivos de género en articulación con todos los organismos y niveles del estado, así como con las organizaciones sociales y comunitarias».
«El desafío es consolidar y profundizar lo realizado en todo el país para que estas medidas trasciendan los gobiernos y se transformen en políticas de Estado», sentenciaron.
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