El mismo comunicado agrega que “La Oficina recibió información indicando que, hoy, en el contexto de una protesta pacífica en las inmediaciones de la legislatura jujeña, se desarrollaron hechos violentos cometidos por algunos particulares y la irrupción de algunas personas en las instalaciones de esa legislatura”.
En su mensaje, Cristina apunta directo al mandatario provincial: «‘¿Leyó bien Morales lo que dice el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos? ¿Qué más necesita para admitir su responsabilidad y actuar en consecuencia? Hágase cargo y proceda como se lo pide el representante del Alto Comisionado: “hacer un llamado al diálogo constructivo e intercultural, garantizando la participación efectiva de los pueblos indígenas y de otras partes interesadas para superar la crisis que en este momento vive la provincia de Jujuy. La Oficina estima que es de suma importancia evitar una escalada de violencia’.”
Y concluyó: «…sobre todo, gobernador Morales… deje de hacer el ridículo echándole la culpa a los demás de lo que sucede en Jujuy. Usted es el primer y gran responsable».
En las últimas horas, Morales responsabilizó al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quienes acusó de «financiar» a los manifestantes que protestaron en la provincia contra la reforma de la constitución de su distrito y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad locales.
«Aquí hay una intervención del gobierno nacional, de Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández de Kirchner), sus ministros y legisladores nacionales, que están financiando» a los manifestantes en la provincia de Jujuy, señaló Morales.
Ayer, la policía jujeña por orden de Morales reprimió a los manifestantes que protestaban contra la reforma de la Carta Magna provincial que fue aprobada por una Asamblea Constituyente en una breve sesión que se realizó en la Legislatura local.
Como consecuencia de los incidentes se registraron 170 heridos, uno de ellos de gravedad tras haber sufrido un traumatismo de cráneo, y hubo al menos 68 detenidos en el marco de una represión policial que se extendió por más de cuatro horas.
El también titular de la Unión Cívica Radical expresó que a la provincia llegó «gente extraña desde hace un mes a agitar, a movilizar» y reiteró que «el Gobierno nacional está financiando con recursos una situación que terminó» con los hechos que ayer se vivieron en la capital provincial.
Pese a no presentar todavía pruebas para sus afirmaciones, el mandatario provincial adelantó que tiene pensado denunciar ante la Justicia al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, si las fuerzas federales no proceden a despejar las rutas provinciales que están cortadas por los manifestantes.
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