En el medio de la fuerte pelea con La Pampa por los recursos hídricos, la provincia de Mendoza insistirá con el manejo unilateral de las represas y ahora tiene la idea de hacerlo mediante la creación de una empresa estatal.
La novedad surgió en un contexto más que particular: después de 30 años, la mayoría de las concesiones de generación y venta de la energía en las presas hidroeléctricas en el sur mendocino se vencerán en 2024. Algunas de ellas están en manos de la provincia, pero otras siguen bajo la propiedad de Nación. Además de pedir el traspaso del Gobierno nacional al mendocino, el Ejecutivo aspira a cambiar las condiciones en las próximas licitaciones y planea crear una empresa que gestione el proceso.
Sobre el río Diamante hay tres presas -Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre- que son propiedad del Gobierno nacional y la concesión de estas instalaciones se vence en el segundo semestre del año próximo. Mendoza aspira a que pasen a ser suyas, para poder definir las condiciones de la licitación, con foco en lograr «una renovación y extensión de la vida útil de los equipos».
En junio del año que viene, también se vencen las licitaciones del complejo Los Nihuiles, sobre el río Atuel, compuesto por cuatro presas, de las que tres pertenecen al Gobierno provincial y una al nacional: Nihuil IV. Y el Ejecutivo local busca que esta última, que toma agua de Valle Grande y no es parte de la concesión de Hidisa, pero que igual vence el año próximo, pase a Mendoza.
- Empresa «recipiente»
Según publicaron los medios mendocinos, el ministro de Economía y Energía de la provincia, Enrique Vaquié, explicó que las máquinas en estas represas datan de los ’70, por lo que su cambio permitirá «generar más energía».
A su vez, siempre de acuerdo a esa misma versión, «aumentará las regalías que percibe Mendoza en concepto de esa generación hidroeléctrica».
Vaquié también resaltó otro beneficio adicional: el sector de la metalmecánica mendocina tendría más trabajo, vinculado a la provisión de las turbinas y otros equipos.
Por otra parte, el Ejecutivo tiene previsto enviar a Legislatura un proyecto de ley para la creación de Mendoza Hidroeléctrica, la empresa que sería el «recipiente» del paquete accionario de Los Nihuiles (y las tres presas sobre el Diamante, si se logra el traspaso a la provincia).
Desde el Gobierno mendocino resaltaron que se trata de una «figura legal», que no tendría personal propio, sino que funcionará en el marco de Emesa (Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima). Asimismo, la provincia pasaría a tener el 51% de las acciones de las represas y plantas generadoras sobre el río Atuel, mientras que hoy ese porcentaje es ínfimo.
- Otras represas
Hay varias concesiones de centrales hidroeléctricas que se vencen en todo el país en los próximos años. En agosto de 2023, es el turno de las que administra Hidronor en Neuquén y Río Negro. Y en Mendoza aguardan para ver qué sucede en este caso, porque se está planteando una situación compleja; aunque también consideran probable que se recurra a la extensión del contrato, para que el próximo Gobierno nacional defina el proceso.
La diputada nacional por Mendoza, Jimena Latorre, también comentó a los medios locales que, junto con el senador nacional Alfredo Cornejo, presentaron dos proyectos «espejo» en las Cámaras de Diputados y Senadores, que cuentan con el apoyo de legisladores de otras provincias (incluso de senadores del oficialismo, de Misiones y Entre Ríos, donde se encuentran Salto Grande y Yaciretá). La iniciativa propone la modificación de la ley 15.336, que data de los ’60 y regula la generación de energía en el país y establece que la operación de las hidroeléctricas o su concesión es facultad del Ejecutivo nacional, para federalizarla.
Latorre resaltó que esta normativa responde a que, en su momento, la inversión de la construcción de las represas y centrales hidroeléctricas la afrontó el Estado nacional. Por otra parte, el fundamento de esta jurisdicción era la importancia de que se coordinara el sistema interconectado nacional.
Pero, explicó, la reforma de la Constitución nacional de 1994 reconoce, en los artículos 124 y 125, el dominio originario de las provincias sobre sus recursos, por lo que el agua y el salto, necesarios para la generación de energía hidroeléctrica, son propiedad de las provincias. En cuanto a la necesidad de interconexión, más de 50 años después, ya está consolidada.
La legisladora acotó que el proyecto sí respeta la facultad nacional de regular el comercio interjurisdiccional, establecida en el inciso 13 del artículo 75, y que se aplica, en este caso, a la energía. Sin embargo, recalcó que esto no justifica que Nación tenga que seguir concesionando la operación de las centrales, ya que la inversión inicial está amortizada.
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