«Me negaré a declarar en esta oportunidad sin perjuicio de hacerlo más adelante», afirmó Guarrochena, acusado en este proceso al dirigirse -de forma virtual desde su lugar de detención- a los magistrados Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Fernando Canero.
Sin embargo, los jueces resolvieron incorporar en el proceso declaraciones indagatorias formuladas por el acusado en 2018, cuando aseguró que no tenía «nada que ver» con la lucha «contra la subversión» y se refirió en repetidas oportunidades a su «trabajo en el marco de la Guerra de Malvinas».

«Entre el 4 de marzo 1977 y 9 de febrero de 1978 no estuve en la ESMA. Si en el Servicio de Inteligencia Naval», sostuvo Guarrochena, quien es imputado en este tramo de la megacausa por la comisión de crímenes en perjuicio de 1.020 víctimas durante la última dictadura cívico militar.
En esas declaraciones, el imputado aseguró haber asistido por primera vez a la ESMA «por una documentación», y aseveró desconocer si en esa unidad de la Armada, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención ilegal de la Capital Federal, se hubieran desarrollado tareas «contra la subversión».
Guarrochena contó en otra de esas indagatorias que entre el 17 de diciembre de 1981 fue enviado a cumplir tareas en el Servicio de Inteligencia de la Armada, pero adujo que, «por problemas de mudanza», no asistió a ese destino.
«Asumí en enero de 1982 como jefe de comunicaciones de la ESMA, donde «tenía una oficina» y la misión de «analizar las comunicaciones» en el marco de la Guerra de Malvinas.
No obstante, las víctimas declararon haberlo visto en varios períodos durante la última dictadura, en los que actuó en las áreas de Inteligencia y de Operaciones del grupo de tareas que funcionaba en ese centro clandestino de detención.
Megacausa ESMA: cómo continúa el juicio
La audiencia finalizó con un cuarto intermedio hasta el próximo 5 de julio, a las 9.30 cuando, declararán como testigos la Defensora del Público, Miriam Lewin; Paula Ariana Segal y Alejandro Juan Clara.
El juicio comenzó con la lectura de los requerimientos de elevación presentados en 2019, y tomó la palabra el secretario del tribunal, Alejandro Falcioni, quien contextualizó los delitos que se analizan, que consistieron «no solo en la reiterada violación de los derechos humanos, sino que por su escala, volumen y gravedad, constituyeron crímenes de lesa humanidad».
Falcioni recordó que las actuaciones ilegales se dividieron en «cinco zonas» y que la ESMA funcionó «como centro clandestino de detención» al tiempo que «los relatos de los sobrevivientes permiten ubicar en el espacio los distintos sectores donde se desarrollaban» los hechos de represión ilegal y terrorismo de Estado.
«Esas tareas se estructuraban en tres sectores, inteligencia, operaciones y logística», añadió el secretario del Tribunal, que contó con la representación de fiscales federales como Félix Crous y el auxiliar Marcela Obetko, dos integrantes de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado.
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