El proyecto de ley fue presentado fue los legisladores Francisco Torroba, Andrea Valderrama, Mauricio Agón, Lorena Clara, Agustina García, Marcos Cuelle y Estela Guzmán.
En los fundamentos exlican que «en el año 2012, mediante ley 26.827 se creó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con el objeto de garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumano o degradantes». Estos derechos están consagrados por los artículos 18 y 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, incorporado a la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, aprobado por ley 25.932, y demás tratados internacionales que versaren sobre estos derechos.
En diciembre de 2017, nació el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) como organismo público de monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situación de encierro.
Explicaron que «su trabajo se enmarca en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, articulando su función con el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales».
En el marco de sus funciones, una de las cuales es «Realizar visitas de inspección a cualquier lugar de detención de acuerdo con la definición prevista en el artículo 4° de la ley 26.827, pudiendo ser de carácter regular o extraordinario y sin previo aviso, acompañados por personas idóneas elegidas por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura» –artículo 7 inciso b Ley 26827-, el Comité Nacional visitó nuestra provincia entre los días 23 a 26 de agosto de 2022.
La Delegación del CNPT mantuvo reuniones institucionales con el vicegobernador, Mariano Fernández, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, el ministro de Seguridad, Horacio Di Napoli, el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasce, Diputados Provinciales, funcionarios del Poder Judicial, entre otros.}
Además, visitó las diferentes unidades penitenciarias de la provincial, alcaidías y comisarías, realizando un informe de la situación de cada uno de ellos. A raíz de esta visita, el CNPT elevó a nuestra provincia el Informe Preliminar sobre visita de Inspección a la provincia de La Pampa, aprobado por Resolución CNPT 84/2022.
En ese informe se pidió a las autoridades provinciales que en un plazo de 20 días hábiles se facilite una respuesta en la que se de cuenta de las medidas adoptadas por el Estado Provincial para poner en práctica las recomendaciones del informe.
«Una de las tantas recomendaciones del CNPT fue «Instar a los tres Poderes del Estado Provincial a promover la pronta creación, conformación y puesta en funcionamiento del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, respetando los requisitos mínimos de funcionamiento establecidos en la ley 26.827, las recomendaciones del CNPT, dotándolo de los recursos presupuestarios necesarios para el cumplimiento de los fines».
La Pampa es junto a las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Formosa, La Rioja, Santa Fé, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santiago del Estero, las que no cuentan con mecanismo local de prevención.
«A raíz de esto, el presente proyecto de ley propone la creación del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes», señalan los legisladores y legisladoras provinciales de la UCR.
Ese sistema estará integrado por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
«Se establece que los principios rectores del sistema, al igual que en el sistema nacional de prevención son los siguientes: Monitoreo, Coordinación, Complementariedad, Cooperación e Independencia funcional», detallan. El proyecto crea como parte del Sistema Provincial de Protección el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, como mecanismo local.
«Entre las funciones del primero se destacan: Examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad en lugares de detención con miras a fortalecer la prevención de hechos contra Tortura, y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes así como a detectar y denunciar su existencia y hacer recomendaciones a las autoridades competentes con el objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de su libertad tomando en consideración la Constitución Nacional, Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, Leyes Nacionales, la Constitución de la Provincia de Salta y Leyes Provinciales.
También entre sus funciones está comunicar a las autoridades provinciales, así como a los magistrados y funcionarios judiciales que correspondan la existencia de hechos de torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes denunciados constatados por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, o el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, entre otras.
El Comité estará integrado por siete miembros, que durarán cuatro años en su cargo, no percibirán remuneración por su función y podrán ser reelectos por una sola vez.
Por su parte, el Consejo Consultivo actúa como órgano interministerial e interinstitucional de consulta y asesoramiento permanente del Mecanismo Provincial, teniendo a su cargo diferentes funciones como intervenir en el diseño, implementación y monitoreo de recomendaciones generales o específicas de prevención de la tortura.
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