El martes 20 de junio de 2023 quedará marcado en la historia de Jujuy. Lejos de contar con la tranquilidad de un feriado nacional por un nuevo aniversario del Día de la Bandera, la violencia ganó las calles tras la aprobación de la reforma de la Constitución que impulsó el gobernador radical Gerardo Morales. El saldo fue de unos 170 heridos -uno de gravedad-, 69 detenidos e incertidumbre por el futuro.

La implementación de la ley no permite, entre otras cuestiones, el corte de rutas y calles. Una normativa que impedirá la protesta social, tan presente por estos días en Jujuy. A tal punto que mientras se aprobaba la nueva Constitución, cientos de personas mantenían una interrupción del tránsito en el cruce de las rutas 9 y 52, en la ciudad de Purmamarca, a 65 kilómetros de la capital provincial. Allí, representantes de los pueblos originarios marcaron su descontento con la reforma.
Los chispazos se respiraban en el aire y por ello no tardó en encenderse el fuego. Minutos después de las 11.20, la tensión se convirtió en represión, con el objetivo de retirar la multitudinaria marcha en la zona céntrica de San Salvador de Jujuy. La Policía local le disparó a los presentes balas de goma, arrojó gases lacrimógenos y hasta piedras. El caos reinó en las calles.

A partir de ese momento, fueron horas marcadas por escenas propias de otros tiempos, que recordaron a diciembre de 2001 por la brutalidad institucional: 170 personas resultaron heridas, entre ellos Nelson Mamami, que fue intervenido en la cabeza en el hospital Pablo Soria y su pronóstico es reservado. Además, el procedimiento policial tuvo -al menos- 69 detenidos -entre ellos cinco menores-. El miedo y el llanto de miles de ciudadanos sacudidos por la situación fueron la otra cara de la moneda.
Entre balazos, pedradas y gases lacrimógenos, aparecieron cruces en Twitter protagonizados por los dirigentes políticos de diferentes espacios. Morales acusó y responsabilizó «de la extrema violencia» al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Luego, ambos le marcaron una fake news: un tuit -que después fue eliminado- que contenía una imagen de un grupo de militantes peronistas en Jujuy, pero en realidad correspondía a abril de 2022.

El jefe de Estado y la exmandataria marcaron su indignación con la situación. «Hágase cargo gobernador Morales y pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado», expuso Cristina. En la misma línea se sumaron el ministro de Interior, Wado de Pedro; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y los diputados oficialistas.
La violencia bajó sus decibeles durante la tarde. En ese momento, los dirigentes de Juntos por el Cambio, encabezados por los precandidatos Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, realizaron una conferencia de prensa en la que respaldaron a Morales y acusaron al Gobierno por la situación en Jujuy, pero ninguno cuestionó la represión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró su preocupación por la represión policial en Jujuy y llamó a «respetar el derecho a la libertad de expresión y los estándares interamericanos del uso de la fuerza», al tiempo que Human Rights Watch, a través de su directora en América, llamó a «promover el diálogo y evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia».
Pasadas las 21 y ante la desesperación de los familiares de los detenidos, recién la Policía jujeña dio a conocer los nombres y apellidos de las personas aprehendidas. Al mismo tiempo, se esperaba por la evolución de los heridos, en uno de esos días que la historia señala como difíciles de olvidar por el dolor causado.
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