Cuando estalló el caso del pequeño Lucio, el papel de la jueza Pérez Ballester quedó en el ojo de la tormenta. Es la magistrada que homologó un convenio que le terminó dando la tenencia a la madre Magdalena Espósito Valenti (en las últimas horas condenada con su pareja Abigail Páez por el homicidio agravado del pequeño), sin haber ordenado realizar, por ejemplo, un estudio socioambiental u otra diligencia de prueba tendiente a garantizar el bienestar del niño.
En junio de 2022 el STJ, en fallo dividido, bloqueó la posibilidad de avanzar con el sumario administrativo de la titular del Juzgado de Familia y el Menor N° 1 de General Pico para ver si había actuado bien al convalidar el acuerdo de partes por el cual la tía de Lucio le devolvió la tenencia a la madre. Quien recomendó hacer un sumario fue el instructor de la investigación interna que el Superior Tribunal de Justicia ordenó para determinar si había existido una denuncia previa ante la Justicia por hechos de violencia intrafamiliar contra el pequeño.
Los ministros Fabricio Losi y Elena Fresco (piquenses) y el santarroseño Eduardo Fernández Mendía votaron por archivar la actuación, mientras que Hugo Díaz y José Sappa lo hicieron a favor de concretarla.
La decisión fue similar a lo ocurrido con el titular del Ministerio Público Fiscal, Mario Bongianino, quien había sido denunciado por dos defensoras oficiales por malos tratos.
Ahora, luego de que el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa condenara a las dos acusadas, y de que los medios nacionales objetaran toda la actuación de Pérez Ballester, el bloque del PJ pidió el juicio político y dejó en evidencia a los tres ministros del STJ que decidieron no avanzar en el sumario para determinar la responsabilidad de la jueza en el caso del crimen del pequeño Lucio.
De esta manera el bloque del PJ, tomó el pedido que hizo públicamente el abogado querellante, Mario Aguerrido, donde en una de las entrevistas dadas, posterior a la lectura de sentencia con medio provinciales y nacionales, declaró sobre sobre el pedido de juicio político. “Sería bueno que alguno de los 30 diputados provinciales tome esta iniciativa”, dijo.
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