El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil Alexandre de Moraes ordenó este lunes, a pedido de la Procuraduría General de la República (PGR), la apertura de tres nuevos sumarios para investigar la conducta de los manifestantes bolsonaristas que el 8 de enero irrumpieron en los edificios de los tres poderes constitucionales, en Brasilia, discriminados por el tipo de participación.
De Moraes ordenó la apertura de tres sumarios más para investigar la conducta de los golpistas implicados en actos de terrorismo el día 8, pero que separan a los futuros investigados por el tipo de participación: los financiadores , los ejecutores y los autores intelectuales de los actos de terrorismo.
En los tres casos se mencionan los delitos de terrorismo; asociación delictiva; abolición violenta del Estado democrático de derecho; golpe de Estado; amenaza; persecución e incitación al crimen.
“El 8 de enero de 2023, una turba violenta y antidemocrática, insatisfecha con el resultado de las elecciones de 2022, con el objetivo de abolir el Estado Democrático de Derecho y la deposición del gobierno legítimamente constituido, avanzó contra la sede de los tres Poderes de la República, exigiendo una pronta y enérgica respuesta del Estado”, describe la PGR al inicio de la solicitud de consulta, según cita el portal de noticias G1
“La escalada de violencia tomó contornos incompatibles con el estado de derecho, resultando en la invasión y depredación masiva de los edificios del Palacio del Planalto, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal”, continúa.
El pasado 13, el ministro Alexandre de Moraes ya había determinado la apertura de una investigación sobre el caso, enfocada específicamente en la conducta de autoridades como el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha (ahora destituido) y el entonces secretario de Seguridad del DF, Anderson Torres (despedido y detenido).
En los pedidos enviados al STF y aceptados por Alexandre de Moraes, la PGR defiende la división de la investigación en cuatro indagatorias específicas.
El modelo, según la fiscalía, es importante «para la optimización de los recursos de investigación y a los efectos de la adecuada gestión de futuras actuaciones delictivas».
La PGR describe en el documento algunas de las conductas que serán investigadas en cada indagatoria.
La PGR cita la detención de más de mil personas que se encontraban en el lugar de los hechos de depredación y señala que «si bien el número es representativo», es fundamental que se identifique a los implicados que no fueron sorprendidos en el hecho.
«La correcta interpretación de las imágenes, para la identificación civil de los perpetradores, será facilitada por la información recopilada por la sociedad civil brasileña, que, en su mayoría, desaprobó con vehemencia los crímenes cometidos el 8 de enero de 2023», dice el PGR.
La PRG afirma que los autores materiales -es decir, los directamente involucrados en los hechos vandálicos- habrían bajado a la Explanada “con omisión de la policía del Distrito Federal”.
En este punto, la Fiscalía cita varias conductas de autoridades del gobierno del Distrito Federal que señalan el delito de omisión indebida, cuando una autoridad, al no actuar, es responsable de un resultado negativo.
«Pese a ser consciente del riesgo inminente y tener el deber de adoptar medidas para evitar los hechos del día 8», el gobernador Ibaneis Rocha desató manifestaciones en la Explanada dos Ministerios la víspera de los hechos.
En este punto la PRG cita a las cuatro autoridades ya investigadas en la indagatoria previamente abierta en esta materia: Ibaneis Rocha, ahora gobernador destituido del Distrito Federal; Anderson Torres, entonces secretario de Seguridad del DF; Fernando de Sousa Oliveira, entonces secretario de Seguridad en funciones, ya que Torres se encontraba fuera del país el día de los hechos vandálicos; y Fábio Augusto Vieira, entonces Comandante General de la Policía Militar del DF.
Lula exonera a otros cinco militares que trabajaron en el Planalto
El Gobierno del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, exoneró hoy a otros cinco militares del Palacio de Planalto, cuatro de ellos trabajaban en la vicepresidencia y otro en el despacho personal de la presidencia.
Con esta decisión que se publicó hoy en el Boletín Oficial, se amplía la secuencia de destituciones de militares que comenzó en el actual Gobierno, pero se intensificó tras el acto golpista del 8 de enero a los tres poderes del Estado.
De los relevados, un teniente era asesor técnico militar de la oficina personal del Presidente de la República, informó el diario brasileño Folha de Sao Paulo.
Los otros cuatro ocuparon la vicepresidencia de la República: tres de ellos eran del asesor militar de la oficina del vicepresidente y otro del departamento de administración y finanzas.
Esto se produce luego de que la semana pasada, 84 militares fueran destituidos de sus cargos en el Planalto, 38 de ellos del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), responsable de la seguridad del Palacio del Planalto y de la Presidencia.
Los demás trabajaban en la parte administrativa o en el departamento de residencia oficial, que se ocupa del Palacio de la Alvorada, no vinculado al ministerio.
El equipo de Lula desconfiaba de los militares desde los trabajos del gabinete de transición, cuando se decidió que la seguridad personal del presidente ya no sería responsabilidad de la GSI, sino de la Policía Federal.
Las exoneraciones se intensificaron tras el asalto del 8 de enero, cuando partidarios del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro promovieron un acto golpista, avanzando sobre las fuerzas de seguridad e invadiendo el Palacio de Planalto, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo.
Tras los ataques, en una entrevista concedida a GloboNews Lula afirmó que la inteligencia del Gobierno federal «no existía» en vísperas del asalto.
Además del jefe del GSI, el general Gonçalves Dias, la presión sobre el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, aumentó debido a las sospechas de que las Fuerzas Armadas no actuaron para impedir el vandalismo en el palacio y fueron indulgentes con los golpistas acampados frente al cuartel general.
El sábado último, Lula destituyó al comandante del Ejército, general Júlio Cesar de Arruda, en medio de una abierta crisis de confianza con las Fuerzas Armadas.
El nuevo jefe de la Fuerza es el general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, que se desempeñaba como comandante militar del Sudeste, responsable de San Pablo.
En 2019 había asumido el grado de General del Ejército, el más alto de su carrera militar.
Nacido en la ciudad de San Pablo, inició su carrera militar en 1975, cuando ingresó en la Escuela Preparatoria de Cadetes del Ejército, en Campinas, y fue declarado aspirante a oficial en el Arma de Infantería en 1981.
Sirvió en una misión del Ejército en Haití como Comandante Adjunto del Batallón de Infantería de la Fuerza de Paz y fue Comandante de la Fuerza de Pacificación de la Operación Arcanjo VI, en Complexo da Penha y Alemao, en Río de Janeiro, en 2012.
También ha comandado el Batallón de la Guardia Presidencial, en Brasilia, fue asistente del presidente Fernando Henrique Cardoso y Consejero Militar de Brasil con el Ejército de Ecuador.
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