A una semana de que se conozca la sentencia por el asesinato del niño de cinco años en La Pampa a manos de su madre y la pareja, Moreau envió una nota al Poder Ejecutivo para que se incluya esta propuesta que establece una capacitación obligatoria, continua y permanente sobre derechos de las infancias y adolescencias para los funcionarios y empleados de todos los niveles y jerarquías de los tres poderes del Estado que aborden estos temas en el marco de sus responsabilidades.
“Entendiendo que una de nuestras mayores responsabilidades es asegurar el desarrollo pleno y armonioso de las infancias, por ello la urgencia, ya que cada día cuenta en la protección de los más vulnerables”, señala la nota firmada por la referente massista.
El objetivo de la iniciativa es brindar herramientas para que los funcionarios públicos sepan cómo actuar ante situaciones de vulneración de derechos de niños y adolescentes.
La llamada “ley Lucio” fue fue aprobada en Diputados por unanimidad el 9 de noviembre pasado y tuvo dictamen de comisión en el Senado el 29 de noviembre, pero nunca franqueó la puerta del recinto y quedó cajoneada.
Además de la capacitación obligatoria, esta iniciativa dispone que el Poder Ejecutivo Nacional, en coordinación con el Poder Judicial de la Nación, elabore un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia.
El objetivo del protocolo es unificar los criterios de actuación a nivel nacional y la coordinación de los entes provinciales y estatales de actuación, así como la igualdad del acceso del niño, niña y adolescente a la justicia.
A su vez, la norma estipula la promoción de campañas de concientización sobre los derechos de infancias y adolescencias, así como información sobre dónde y cómo que denunciar situaciones de violencia hacia menores de edad.
Por otra parte, se propone la creación de la línea telefónica 102 para denuncias gratuitas y anónimas, a la vez que establece un protocolo de acción conjunta entre las fuerzas de seguridad, instituciones educativas y también de salud para actuar de manera rápida y coordinada con la Justicia.
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