Tal como informó este diario en su edición de ayer, ambos lograron fugarse de la comisaría el domingo por la noche, alrededor de las 22. Las fuentes explicaron que para lograr salir «hicieron un hueco en la pared, a casi tres metros del piso» del patio. Aparentemente utilizaron como herramienta «un punzón» y buscaron «bien un rincón que no se ve». El agujero daba al patio de la comisaría, pero «lo hicieron alto y se subieron al techo. De ahí se descolgaron contra el lado de Bomberos. Uno de ellos lo ve, lo intenta frenar y no puede. Ahí da el alerta», explicaron.
Inmediatamente se acercaron a la comisaría las autoridades de la Unidad Regional I, para constatar cómo habían concretado el escape. A su vez, se desplegó un fuerte operativo que incluyó a todas las Seccionales y Divisiones. Al cierre de esta edición, aún eran intensamente buscados.
- Interrogantes
La fuga que protagonizaron ambos, uno de ellos con condena firme, abrió una serie de interrogantes. La primera es cómo hicieron para dañar la pared sin ser advertidos. La respuesta a ello, según indicaron fuentes oficiales, es que habrían aprovechado «un punto ciego» que la cámara de seguridad no toma y un «punto débil» que descubrieron en la pared, debido a que justo era un ladrillo hueco de cerámica. «Han tanteado y lo notaron», deslizaron. Lo que se sospecha es que aprovecharon el fin de semana largo y en dos o tres días lo culminaron.
Por otro lado, también está la pregunta de por qué estaban en una comisaría y no en otro lugar, teniendo en cuenta los antecedentes de ambos. Esta es una decisión que escapa a las autoridades policiales. «‘El ‘Gringuito’ lo atraparon hace poco», recordaron y tenía 45 días de prisión preventiva efectiva.
Sobre el restante, de apellido Castro Vázquez, pesaba una condena firme por lo que «tendría que haber sido trasladado a una cárcel mayor o a la U4». Sin embargo, eso nunca ocurrió.
- Antecedentes de fugas
Las fuentes consultadas identificaron a uno de ellos como «Jonathan ‘Gringuito’ Luna», quien había sido detenido recientemente junto a otro sospechoso por la Brigada. Tal como había informado este diario, el hecho en el que estuvo involucrado ocurrió el 21 de agosto, cuando desconocidos «reventaron» la puerta de una vivienda ubicada en la calle Olascoaga, la cual pertenece a un empleado de una conocida empresa de seguridad privada, y se llevaron un revólver calibre punto 357 Magnum, que se encontraba en su estuche, una pistola Glock 17 calibre 9 milímetros y otros elementos. Luego de poco más de un mes de investigación, fue demorado a fines de septiembre. Luego, la Justicia lo formalizó y le dictó una prisión preventiva de efectivo cumplimiento por 45 días.
Esta misma persona posee varios antecedentes vinculados a fugas o escapes de lugares de detención. En octubre de 2020 según consta en los archivos, se había escapado de la Delegación Santa Rosa de la Policía Federal, ubicada en la esquina de Juan B. Justo y Pellegrini del pleno centro de la ciudad capital. En aquella ocasión, logró concretar el escape tras romper un candado.
En febrero de 2015, por ejemplo, también se escapó de la Seccional Primera luego de forzar una reja y saltar por uno de los tapiales, según informó este mismo diario. La policía lo recapturó un mes después, luego que cometiera, mientras estaba prófugo, un asalto a mano armada.
Otro antecedente data de 2013, cuando forzó una reja y se escapó de la Seccional Sexta. En aquel momento, fue recapturado mientras se dirigía al despacho de su abogado.
- Condena firme
El otro prófugo fue identificado por la Policía como «Sebastián Castro Vázquez». En abril de este año el juez de audiencia santarroseño Gastón Boulenaz, en el marco de un juicio abreviado, lo había condenado a seis años y ocho meses de prisión, como autor de ocho delitos en cuatro hechos independientes: hurto simple, hurto calificado por la intervención de un menor de edad, robo calificado por haber sido de un vehículo automotor dejado en la vía pública en grado de tentativa, robo calificado por la utilización de arma de fuego, abuso de arma calificado por ser contra un funcionario policial, lesiones graves calificadas por ser contra un policía y portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal.
Las víctimas y damnificados fueron nueve personas. El abreviado fue acordado entre el fiscal Facundo Bon Dergham, la defensora oficial María Silvina Blanco Gómez y el imputado, que en ese entonces tenía 26 años.
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