La central hidroeléctrica El Baqueano tomó un ritmo vertiginoso, según advierte el propio Estado mendocino. El gobernador Rodolfo Suarez había anunciado el pasado 24 de agosto que avanzaría con su construcción, y que en enero abriría el proceso licitatorio para las compañías que quisieran erigir a la represa en el Sur.
En las últimas horas esas intenciones fueron ratificadas por el ministro de Economía Enrique Vaquié, quien durante la presentación del Presupuesto 2023 para su área (112 mil millones de pesos) aseguró que en menos de cuatro meses se lanzará la convocatoria a las empresas. Antes, habrá una audiencia decisiva por el impacto ambiental de la obra.
«Esperamos estar licitando en enero. Con este proyecto, Mendoza estará en condiciones de aumentar un 15% la capacidad del embalse del complejo del río Diamante, instalando 120 MW de potencia para generar 450 gigavatios-horas al año, y así abastecer aproximadamente a unos 60 mil hogares». Con toda esa descripción, apenas dos días después de que se cumpliera el plazo para el laudo presidencial -sin respuestas-, el mandatario local anunció que su gobierno dirigía la proa hacia San Rafael.
El vaticinio, dicen en Mendoza, está ahora más cerca de cumplirse. Vaquié confirmó que la estrategia es adjudicar la construcción en marzo, y que para eso continuarán buscando que la recepción de pliegos comience a gestarse en 120 días. Para eso, antes necesitan de otra licitación importante, que ya se confirmó horas atrás: el llamado a la Manifestación General de Impacto Ambiental, que abrirá este miércoles 12 la recepción de pedidos a través de Emesa, y que a fin de mes comunicará qué firma se hará cargo.
Así, es probable el anhelo de Suarez de arrancar su último año de gestión licitando una central hidroeléctrica que pueda cumplirse. Es exactamente la oportunidad que -por ahora- se le escapó con Portezuelo del Viento, aunque en la presentación de la pauta de gastos económica, justamente se habló de un nuevo proyecto en Malargüe. A la espera de que el Ejecutivo defina si judicializa o no el supuesto desplante presidencial, es un indicio importante de que aún no le han soltado la mano a la obra.
La postura pampeana
Un informe del diario mendocino «Uno» advierte que en el horizonte también aparece un posible conflicto con La Pampa, y es por eso -entre otros motivos- que el plan prevé que los estudios de impacto ambiental estén sí o sí listos a fin de año.
Se cree que en poco más de dos meses estarían terminados y que -según el Gobierno cuyano- servirán para amortiguar cualquier futuro problema. «Es probable que (en La Pampa) nos lo pidan», dijo la última vez que fue consultado el mandatario. El gobierno de Sergio Ziliotto aseguró que irá a la Justicia bajo el argumento de que la obra afectará el caudal de los ríos Desaguadero y Salado, que desembocan en su provincia a través del Chadilevú.
Por eso toma mayor importancia la audiencia pública que se hará en diciembre -aún sin fecha concreta- para explicar los detalles de lo obtenido hasta el momento. Del primer estudio que hizo el Gobierno por medio de Emesa, y que realizó con la compañía Serman y Asociados SA, se desprende que ninguna de las obras necesarias para que El Baqueano funcione afectaría ni a la flora ni a la fauna de los alrededores, señala la teoría mendocina.
De acuerdo a la información que han brindado desde el Gobierno, la construcción costaría 525 millones de dólares (poco más que la mitad de lo que debe restituir la Nación a Mendoza) y generaría 800 empleos directos, además de 1.500 indirectos. Por otra parte, los fondos que produzca volverían al fideicomiso donde se acumulan los desembolsos nacionales, y se utilizarían para construcción de nuevos diques, como Uspallata o Cerro Negro, que son dos de los que están en la carpeta para el Ejecutivo.
Los estudios de los que se nutre el Gobierno apuntan que la nueva presa produciría entre el 8% y el 10% de la energía total que actualmente genera Mendoza, y además eso colindaría con otro beneficio: que la creación de embalses pueda ayudar a regular el agua del río Diamante. En ese sentido se expresó hace algunos meses el intendente Emir Félix, a favor de que la obra se haga y de que beneficie a su departamento: «Produce más o menos la misma energía que Portezuelo del Viento, pero costando muchísimo menos», había agregado.
«Planes B»
En el medio, El Baqueano tiene a su alrededor algunas posibilidades y pedidos alternativos. El primero de ellos es la chance de realmente avanzar con un Portezuelo del Viento de dimensiones menores al que estaba estipulado hasta hace meses, y al que el propio Vaquié hizo referencia directa en su introducción presupuestaria. La obra aparece como chance concreta en lo formal y el ministro habló de que estudiarían su viabilidad durante el próximo año.
Es precisamente lo que le están pidiendo desde Malargüe, donde trascendió que el intendente Juan Manuel Ojeda impulsa ese proyecto: una represa más pequeña y sin inundar la zona de Las Loicas, que implicaba la relocalización de toda esa comunidad. Por las cuentas que sacan en el Sur, la obra, ceñida al proyecto original que se había presentado en 2004, y que también implicaría un trasvase al Río Atuel, costaría aproximadamente 1.000 millones de dólares. Es decir, casi todo el dinero que enviará Nación antes de finalizar el 2024.
A eso se suman algunos pedidos: la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), junto a otros referentes del agro local, le están solicitando al gobernador que no avance en El Baqueano con fondos propios, sino que pida financiación de entidades nacionales, o bien que lo motorice con inversiones privadas, como es la intención en torno al dique Los Blancos -que, de avanzar, se haría con aportes de capitales brasileños-.
Sin embargo, los tiempos no parecen avalar esa postura, y menos aún las intenciones del Ejecutivo, que busca imprimir celeridad a las gestiones de la central hidroeléctrica y, tal como vaticinaron hace horas, pretende estar abriendo las licitaciones en enero del 2023, para poder adjudicar en el mes de marzo.
Deja tu comentario!