En una extensa resolución, Bonino dispuso además suspender todos los procesos de verificación de incidentes en marcha, pero quedó aclarado que no afecta la prosecución del proceso principal de quiebra.
En otras palabras, la esperada resolución del juez respecto de la convalidación del contrato de alquiler de Industrias Cárnicas San Miguel que permitiría reabrir la planta y retomar la faena es esperada para los próximos días.
Este diario había adelantado hace un par de semanas la posibilidad de derivaciones insospechadas en este largo proceso, iniciado el 8 de marzo de 2017.
- «Posible comisión»
Bonino dejó constancia escrita que pide la intervención del MPF para que analice y determine «la posible comisión del delito de estafa procesal y/o el tipo o tipos penales que entienda aplicable/s al asunto de marras, tanto respecto de los hechos narrados en la presente, como los denunciados oportunamente por los trabajadores, así como por el señor Eduardo de la Iglesia».
En el segundo punto de la resolución, el magistrado dispuso «suspender, en virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, el presente proceso caratulado: ‘Espíndola, Jorge Raúl y otros c/ Frigorífico General Acha SA s/ejecución de convenio (Causa N.º 16449)’; así como los autos caratulados ‘Espíndola Walter Julián y otro s/ incidente de verificación de crédito (Causa N.º 19914)’ y ‘Alonso Osvaldo Diego y otros s/ incidente de verificación de crédito (Causa N.º 19924), dejándose nota de ello tanto en las mencionadas causas, como en la Causa N.º 16104, caratulada «Frigorífico General Acha SA s/quiebra indirecta».
Los hechos serán investigados son el abogado Fernando Luis Savid Buteler, representante de un grupo de unos 55 trabajadores que perdieron su trabajo, de los cuales alrededor de 20 desistieron de la acción de reclamo a partir de las irregularidades que ellos mismos advirtieron.
Los empresarios que siguen el mismo camino son Osvaldo Alonso, Víctor Rivara y Oscar Suárez, que tuvieron preponderantes roles en la sociedad propietaria del FGA, del que fueron los principales accionistas y conductores de los destinos de la empresa.
Bonino entiende, y eso deberá verificar y eventualmente juzgar la Justicia Penal, que cometieron estafa procesal en perjuicio de la propia empresa que integraban.
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