Una vez más, el policía denunciado por violencia de género y violencia hacia su pequeño hijo, desoyó la orden de restricción de acercamiento a Yanina Coronel, y la mujer tuvo que irse del lugar para evitar el encuentro con su expareja.
El policía tiene colocada una tobillera electrónica que le avisa a la mujer cuándo él se acerca. Primero le indica que se encuentra en zona restringida, y en caso de acercarse a menos de 200 metros, emite el alerta por el peligro inminente.
A los 1.000 metros de distancia el dispositivo se activa. A los 200 comienza el riesgo. Páez Albornoz y Coronel son avisados de la situación. El policía, en este caso, desoye a sus pares del CECOM y es la mujer la que tiene que dejar de hacer lo que hacía para evitar el acercamiento.
Este sábado, Yanina ingresó a Santa Rosa a las 10 de la mañana desde Toay, para realizar su trabajo. Pasdas las 11 de esta mañana suena la primera alarma, a los 10 minutos las segunda, que ya indicaba que el policía había violado la restricción de acercamiento.
Este Diario pudo saber que el agente de la fuerza de seguridad provincial fue avisado de la violación, pero no modificó su actitud.
Una vez más, las víctimas tienen que regresar a Toay para evitar el peligro inminente.
A las 11:08 de este sábado 13 de agosto, Yanina Coronel recibe la primera señal de alerta. A las 11:11 ya se encontraba en la zona prohibida. A las 11:45, Páez Albornoz todavía estaba a menos de 200 metros de Coronel y su hijo.
La mujer viene a Santa Rosa a realizar su trabajo de diseño gráfico y publicidad. Además, su hijo realiza actividades deportivas programadas en horarios y días determinados. Es en ese momento en que Páez Albornoz se acerca hasta ellos, en señal de intimidación.
La Policía alerta a su par, pero se queda allí. No procede a obligarlo a alejarse ni a su detención por las reiteradas violaciones. Con ese accionar, la mujer y el hijo, son los que tienen que dejar todo lo que estaban haciendo y alejarse del peligro.
Denuncias
Las reiteradas violaciones a la restricción de acercamiento fueron denunciadas en la justicia, pero la situación no cambió.
Ni la policía, ni el Poder Judicial, hacen algo para que la resolución tomada por un juez se cumpla: en otras palabras, el policía denunciado, la fuerza de seguridad, y la justicia, permiten que la decisión de un juez sea totalmente inútil.
La semana pasada la mujer recibió un llamado del CECOM que le alertaba que “él se acercó mucho, mucho”.
Hasta ahora, en le proceso judicial abierto, consta que Yanina Coronel fue víctima de violencia de género e institucional, porque la policía protegió a su par al no tomar las denuncias que ella realizaba.
El caso se dio a conocer, por información de fuentes policiales, como un intento de homicidio en el que la mujer fue acusada de envenenamiento. El policía estuvo internado y cuando avanzó la investigación, se conoció que la supuesta victimaria era víctima: y también lo era su hijo.
El policía dice que su pareja lo quiso envenenar, pero a él se le sumó una causa penal por violencia de género y otra en el fuero civil por la tenencia del hijo en común.
Asfixia y perro
En ese expediente figura que una de las prácticas del policía sería provocar asfixia y someter a una posible mordedura de perro a su pequeño hijo, como una supuesta forma de “entrenamiento”.
Plan B pudo saber que el uniformado le habría tapado la nariz y la boca para que aguantara la respiración, casi hasta la asfixia, al hijo que tienen en común.
Otra acusación que se le hace es la de meter la cabeza del niño dentro de la boca de un perro de caza. Esta situación se conoció porque una vez el niño tuvo una mordedura en la oreja y fue allí que se lo contó a su madre.
Por el momento, la causa penal y civil se encuentran en plena etapa de investigación.
Violencia de género e institucional
Según las pericias psicológicas, Coronel sufrió violencia de género. También afirman que la mujer no presenta “predisposición a la agresividad y/o a actos impulsivos”.
“Se trataría de una situación de Violencia de Género, en el tipo Psicológico-Emocional-Verbal, Sexual, Físico, Económico-Patrimonial, Ambiental y Simbólico, en un contexto de Violencia Familiar, en el marco de un vínculo de pareja de 13 años, con el agravante de la no aceptación por parte del Sr. de la ruptura del vínculo. Surge además como víctima de esta situación el hijo de la pareja, niño de 5 años”, se lee en el informe pericial.
“A partir de lo evaluado, esta Unidad considera que la situación de Violencia de Género descripta se da además con una modalidad de violencia vicaria, entendida como aquella violencia que se ejerce hacia los hijos o hijas para dañar a la mujer”, añade.
Agregan que “el contexto de Violencia Institucional al que habría estado expuesta la entrevistada, teniendo en cuenta los múltiples pedidos de ayuda que la misma habría realizado en diversos organismos estatales, los cuales no habrían garantizado con su accionar la protección de la misma”
A los días del supuesto envenenamiento, la pericia indicó que “en los últimos 15 días aproximadamente los episodios de violencia emocional-psicológica-verbal se darían en forma diaria y continua durante el transcurso del día y de la noche, con episodios además de violencia física. Circunstancias en las cuales el Sr. la amenazaría con matarla a ella, a miembros de su familia, al niño, haría alusión permanente al arma de fuego, la cual utilizaría además para intimidarla y la dejaría sobre la mesa. También le impediría por diversos medios que la misma pudiese pedir ayuda; emerge en este sentido una situación de encierro”, añade el informe pericial.
“Se desprenden del relato las secuelas y/o signos que afectarían a la entrevistada, compatibles con la violencia de género padecida: dificultades para dormir en el último tiempo, falta de apetito, estado de alerta permanente, angustia y llanto reiterado a solas, miedo a que su pareja la dañe a ella y/o a su familia, estado de desesperación y terror”, dice.
Por último, indican que sufrió violencia institucional porque no recibió una respuesta satisfactoria a los reiterados pedidos de ayuda que habría realizado a la Policía, la Unidad Funcional de Género y Niñez de la Policía, la Jefatura de Policía y a la Secretaría de la Mujer.
El hecho
El policía se descompensó el 5 de septiembre pasado luego de haber ingerido veneno en un licuado. Por el hecho fue detenida su esposa, Yanina Coronel, de 31 años. La hipótesis de fiscalía es que la mujer habría preparado el licuado y se lo habría dado durante varios días. Se basa en un relato de familiares del policía que estuvo varios días internado en terapia intensiva. Sin embargo, las pruebas fueron cuestionadas y no se hallaron huellas digitales de Yanina en la licuadora.
Plan B pudo saber que las pruebas consideradas esenciales para la acusación de Yanina Coronel no se habrían realizado en el marco del debido proceso. Se habla de falta de órdenes de allanamiento, de un veneno aportado por un vecino y de errores en la cadena de custodia de las pruebas.
Fuentes judiciales indicaron que el veneno utilizado no es de acceso civil, pero sí de las fuerzas policiales. Las muestras de Metomil 90 “no fueron secuestradas en la vivienda” sino que “fueron aportadas por un vecino que encontró cerca de la vivienda un sobre con veneno y lo entregó a la policía”.
Además, se tratará de establecer si la licuadora “fue secuestrada sin orden de allanamientos ni testigos”. En ella se hallaron rastros del veneno “pero sin huellas dactilares de Coronel”, confiaron.
También se cree que los investigadores “no aseguraron la cadena de custodia”. Por los delitos que es acusada, Coronel podría pasar hasta 18 años en prisión. En un acuerdo, se reduciría la sentencia, pero la mujer niega haberlo envenenado y cree que fue una autoagresión. Además, dio a conocer que fue víctima de violencia de género y que los dispositivos de atención y acompañamiento no estuvieron a la altura de su pedido de ayuda.
Fuente Plan B
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