El conflicto penal se resolvió por la vía de un juicio abreviado convenido entre la fiscal María Cecilia Martini, la defensora oficial María Silvina Blanco Gómez y la propia imputada, quien admitió la autoría de los hechos. La tía de la víctima, con quien está viviendo ella y quien es su referente familiar, también prestó su consentimiento al acuerdo y pidió ser informada si la madre obtuviera algún beneficio vinculado a la libertad condicional o a las salidas transitorias.
La Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, viene interviniendo desde 2015 con respecto a los problemas de violencia familiar de la acusada con sus hijos, según recordó prensa del STJ.
Con las pruebas reunidas durante la investigación fiscal preparatoria, Ralli dio por acreditado que el 1 de abril pasado, la progenitora agredió físicamente a su hija, mediante un golpe de puño -tenía colocado un anillo-, provocándole una contusión en el pómulo izquierdo, según el relato que la niña le hizo a las autoridades del colegio al que concurre. Por esa razón, la vicedirectora fue quien formuló la denuncia.
En los abreviados, los jueces y jueces no pueden imponer sanciones más severas que las requeridas por el Ministerio Público Fiscal.
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