Ayer concluyó el paro de actividades de 48 horas de los trabajadores del Parque Automotor municipal, quienes reclamaron la actualización del aumento del adicional por mayor responsabilidad y el pase a contrato y planta permanente de los trabajadores precarizados.
En la segunda jornada de protesta, la medida perdió fuerza. Algunos municipales concurrieron a sus puestos laborales, y el director de Servicios Generales, Carlos Erro, expresó que se prestaron «los servicios normalmente».
«Realizamos el servicio de limpieza y barrido, la recolección de residuos, funcionaron los carros recolectores y las palas con los camiones trabajaron con normalidad, y quedaron seis o siete (empleados) con los delegados que están de paro», detalló.
Desde la intendencia local habían calificado «ilegal» la protesta de los empleados de planta permanente y amenazaron tanto con sanciones como con descuentos salariales. Pedehontaá salió al cruce y explicó que «ni la municipalidad ni la Secretaría de Trabajo de La Pampa son competentes para declarar la ilegalidad o legalidad de una medida de fuerza, porque en el ordenamiento institucional argentino eso le corresponde a un juez».
«En la Secretaría de Trabajo podemos tener el análisis la legitimidad o ilegitimidad que tiene una medida de fuerza. ATE fue la primera comunicó la medida de fuerza, y mostró y demostró la legitimidad de la medida de fuerza, por lo tanto no veo la posibilidad de sanciones en lo disciplinario. El no pago del salario no es una sanción, sino una consecuencia misma del contrato de trabajo», narró el funcionario provincial.
«Hay que ser cuidadosos -continuó- cuando hablamos de legalidad e ilegalidad y legitimidad o ilegitimidad, porque no todo es lo mismo y son todos extremos que se deben analizar, para cuando una entidad avala o solicita la protección jurídica para la medida de fuerza o cuando la patronal toma decisión en tal o cual extremo».
«En mi caso, no soy competente para determinar legalidad o ilegalidad del paro, pero sí la legitimidad o ilegitimidad del paro. Los extremos planteados por las organizaciones sindicales ATE y UPCN están acreditadas para tener la protección jurídica, y el municipio tiene autonomía y cuerpos legales», expresó.
-Pedehontaá, antes de llegar a esta medida de fuerza, hubo un intercambio de notas entre los gremios y las autoridades municipales donde la Secretaría de Trabajo hizo la mediación.
-Todo esto se da en el proceso de construcción del primer llamado a paritarias que queda suspendido por esta medida de fuerza, porque hubo presentaciones de la organización sindical y respuestas del municipios, donde estábamos avanzando para constituir la mesa de diálogo, pero irrumpe la medida de fuerza y ahora estamos en medio de una medida de fuerza y no hemos tenido comunicación con ninguna de las partes.
-Es una lástima que esta situación lleve más de un mes donde no se pudieron alcanzar acuerdos entre las partes para sentarse en una Mesa Paritaria.
-Esto viene desde hace más un año y medio que están tratando de ponerse de acuerdo, evidentemente la organización sindical entendió que se agotó el término de negociaciones y pasó a las medidas de acción directa. Pero no es algo que pase ahora, sino que viene en el tiempo una situación de acercamiento y alejamiento entre el gremio y el municipio, que corre por los canales internos de negociación donde la Secretaría de Trabajo de La Pampa no tiene incumbencia.
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