La primera subasta electrónica dispuesta por el Poder Judicial de La Pampa fue «un éxito» ya que lo recaudado sirvió para que el acreedor pudiera cobrar la totalidad de la deuda, en una demanda por la ejecución de un pagaré, según informó el propio organismo.
“Lo más importante es que, puesto en práctica, el sistema funciona y bien”, señaló la jueza Adriana Cuarzo, titular del Juzgado de Ejecución, Concursos y Quiebras N° 2 de Santa Rosa.
Ella fue la responsable de rematar una moto Honda Wave a través del sistema de subastas electrónicas al que están adheridos solamente cuatro poderes judiciales provinciales (Córdoba, San Luis, Entre Ríos y La Pampa).
“El sistema le permite al tribunal fijar la primera oferta. Nosotros la fijamos en 50.000 pesos. Se presentaron seis oferentes y una persona de Tucumán se quedó con la moto por 140.000 pesos, es decir que se obtuvo el 70 por ciento el valor de mercado”, expresó la magistrada. “Se consiguió un porcentaje alto y, además, la suma ingresada permitió cubrir la deuda total”, acotó.
El sistema de subastas electrónicas se puso en funcionamiento, en la justicia pampeana, hace menos de tres meses, a partir del acuerdo 3830 del Superior Tribunal de Justicia. Está habilitado para las causas que se tramitan ante los organismos de los fueros civil, comercial y de minería; laboral; contencioso administrativo; de ejecución, concursos y quiebras; y de familia, niñas, niños y adolescentes de las cuatro circunscripciones judiciales.
“En este caso, el martillero que se encargó de la subasta fue propuesto por el acreedor, y como el deudor estuvo de acuerdo no fue necesario sortearlo. La subasta estuvo abierta una semana, desde el 7 hasta el 14 de junio, las 24 horas del día”, detalló Cuarzo.
Una vez concluido ese plazo, el adquiriente tuvo dos días hábiles para efectivizar el pago de la oferta y ello fue informado en el Portal de Subastas Judiciales Electrónicas (PSJE), según lo establece el reglamento aprobado por el STJ.
Oportunamente el propio Superior Tribunal había licitado públicamente la contratación de un software (plataforma) para la implementación del sistema, que abarca tanto a bienes muebles registrables y no registrables y bienes inmuebles, con la finalidad de optimizar el acceso a la información, mejorar los procesos e incorporar herramientas tecnológicas y sistemas ágiles de gestión.
Además, el uso de este mecanismo otorga una mayor accesibilidad de oferentes, amplía su convocatoria –ya que pueden participar desde cualquier lugar–, mejora las expectativas de las transacciones y brinda máxima transparencia al procedimiento.
La acordada del STJ previó la creación de un registro general de postores, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales, y también el dictado del reglamento que –entre otras cosas– establece el deber de confidencialidad y responsabilidad en el uso de la plataforma.
Previamente a su puesta en marcha existió una capacitación destinada a funcionarios/as y magistrados/as de Santa Rosa, General Acha, Victorica y 25 de Mayo y a los profesionales asociados al Colegio de Martilleros.
Fuente: El Diario
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