Los hechos habrían ocurrido en 2018 y la denuncia la hizo la madre de la niña en agosto de 2019. De acuerdo a la misma un reconocido abogado de 65 años hizo tocamientos indebidos en forma reiterada a una nieta de 6 años.
En abril de 2021, tras el debate oral, la jueza María José Gianinetto condenó al acusado a «tres años de prisión en suspenso». Además le impuso varias reglas de conducta, como fijar domicilio, someterse a la fiscalización del Ente de Políticas Socializadoras y Unidad de Abordaje.
A eso le añadió «abstenerse a tener todo tipo de contacto con la niña damnificada y con la progenitora (y denunciante)»; y a «someterse a un tratamiento psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia», concluyó el fallo de Gianinetto.
Posteriormente familiares, allegados a la familia, y la comunidad victoriquense se mostró indignada, en especial porque en el fallo Gianinetto consideró como atenuante su «buen concepto social». Este desacuerdo se transmutó en numerosas marchas.
Impugnación.
Tiempo después, tanto la defensa del acusado como la querella, presentaron recursos ante el Tribunal de Impugnación Penal (TIP). La defensa, abogando que «existió una errónea valoración de la prueba por parte de la jueza Gianinetto», quien aceptó que «la víctima no pudo describir las agresiones sexuales» y que, ante la duda, debió primar el criterio de «in dubio pro reo».
A su vez, la fiscalía, a cargo de la abogada Alejandra Moyano, y la querella, recurrieron la sanción y reclamaron una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo. Para ello argumentaron «la condición de proveedor del acusado, su nivel de instrucción y que era el encargado de la guarda de su nieta». Ambos intentos fueron denegados por ese estrado judicial.
Recurso de casación.
Ante este rechazo judicial, ambas partes insistieron ante el STJ con los mismos argumentos. Sin embargo, las expectativas de ambas posiciones recibieron la mala noticia: el STJ apoyó el fallo de Gianinetto.
En su parte resolutoria, el estrado judicial, es decir la Sala B, con las firmas de su presidente, Fabricio Ildebrando Luis Losi, y el vocal Hugo Oscar Díaz decidieron «declarar inadmisible» los recurso de casación interpuestos, en el caso de la querella por la doctora Carolina Muñoz; y los defensores del acusado, los abogados Vanessa Ranocchia Ongaro y Marcos Luis Paz.
Fuente: La Arena
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