Cómo es habitual escuchar de los burócratas del Fondo Monetario, la respuesta a disímiles problemas sigue siendo aplicar el mismo paquete de medidas para todos los países en situación comprometida, obviando, casi siempre deliberadamente, las características y condiciones propias de cada economía a las que se les receta la «cura». En estos momentos, en medio de la pandemia, la principal dificultad que enfrenta la economía argentina -también el mundo- es la inflación, principalmente motivada por la suba de insumos, energía y alimentos.
La suba de precios responde a factores especulativos, como el sostenimiento de altos márgenes de ganancias de las empresas aún en un contexto de crisis sanitaria global, pero también por la debilidad del dólar producto de la fuerte emisión del gobierno estadounidense para paliar los efectos de la pandemia. La «sugerencia» del Fondo para la Argentina, como están tímidamente haciendo algunos países, es subir la tasa de interés para bajar la inercia en los precios.
El canal de transmisión entre esta medida hasta llegar al efecto deseado de reducción de los precios no es lineal e incluso puede generar el efecto contrario, como sucedió entre mediados de 2018 y fines de 2019. La apuesta del Fondo apunta a enfriar la demanda interna, un lujo que la economía argentina no puede darse en el actual contexto de recuperación.
Frenar consumo para bajar inflación
El pedido formal del organismo multilateral es que el país debe tener tasas de interés reales positiva; esto es, debe ser mayor al nivel de inflación. En su esencia, esta es una mirada monetarista que sostiene que la mayor tasa de interés en los bancos incentivará el ahorro en pesos, quitará presión sobre la demanda de dólares, reducirá el consumo interno y eso hará bajar la inflación; todo lo que está probado que no funciona, al menos, en la Argentina.
Los últimos dos años del macrismo son un claro ejemplo de que esa medida, si no se toman políticas que acompañen, fracasa siempre. La administración Cambiemos se fue con una tasa del 60 por ciento, tras haberla llagado a colocar en septiembre de 2019, antes de las elecciones presidenciales, en un 75 por ciento anual. El resultado fue una inflación ese año del 54 por ciento, la más alta en tres décadas.
Por su parte, en el actual contexto económico, donde la apuesta es estimular el consumo y, a partir de ello, incentivar la inversión para ampliar la oferta, una suba de tasas abrupta frenaría ese proceso inmediatamente. En los últimos dos años de la administración de Alberto Fernández se otorgaron créditos a tasas de interés del orden del 18 al 35 por ciento anual. El Banco Nación otorga actualmente, por ejemplo, préstamos a tasa «cero» por 12 meses y luego un interés de 10 por ciento anual hasta finalizar el plazo del crédito.
Durante el gobierno de Macri el costo crediticio llegaba al 78 por ciento. Para el descuento de un cheque, una pyme pagaba entonces casi un 100 por ciento anual para adelantar el cobro un par de meses. Esto derivó también una duplicación de la mora. Los niveles de créditos en situación irregular pasó de 3,8 por ciento del volumen de préstamos a sectores industriales a mediados de 2018, antes de la suba abrupta de tasas, a un 6,5 por ciento en final de 2019.
Un tema de costo-beneficio
Cuando se consultó en el equipo económico por los actuales niveles de tasa de interés, ya de por sí alta para la situación económica actual, ya que se ubica en el segmento pasivo (para depósitos) en el 38 por ciento anual, incrementándose al 42 por ciento si se renuevan los vencimientos, y en el segmento activo (para préstamos) del 49,6 por ciento, también elevada si se traslada al costo crediticio para la pyme, os funcionarios responden que para eso existen varias líneas de financiamiento subsidiado por Estado y que esa política se mantendría. Acá aparece otro problema: el déficit.
En el 2020 se destinaron 100.000 millones de pesos en créditos directos y subsidios de tasa para ayudar a cientos de compañías en el contexto crítico de la pandemia, mientras que para este año los préstamos directos a empresas, principalmente enfocados en micro, pequeñas y medianas, ya superó los 77.000 millones de pesos. En cantidad de créditos entregadas, durante los últimos dos años la cifra de préstamos superó en «160 veces» a los se otorgaron a las empresas entre 2018 y 2019.
Elevar la tasa rectora hoy del sistema implicaría, para sostener la actividad y la producción, destinar aún más fondos para el subsidio del crédito a las empresas y, eventualmente, al consumo, lo que conspira con el objetivo de reducción del gasto para equilibrar las cuentas, tal como también pide el FMI. Cuando en 2018 se le hizo caso al Fondo, pero sin ampliar el gasto significativamente para amortiguar la situación del crédito -por el contrario, lo contrajo fuertemente-, el aumento de los costos financieros sobre los resultados de las empresa disparó los niveles de cartera de crédito irregular y provocó el cierre de empresas.
Postergar lo impostergable
En términos financieros el ajuste de la tasa suele ser casi inmediato. Al bajar la tasa, los ahorristas se vuelcan más al dólar y al consumo, mientras que al subirla sucede lo contrario. En este último caso, los dólares, en teoría, pasan a ser menos atractivos y cae su precios, pero además se posterga consumo. El segundo movimiento es que esa baja en el consumo interno impacte en las decisiones empresarias de inversión y eso contraiga la oferta (o, al menos, hace que no se decida incrementarla), lo que congela o incluso reduce la actividad económica.
No obstante, en un país bimonetario como la Argentina, los cambios en las expectativas no se ajustan tan rápido. Entre los puntos que acordó el macrismo con el FMI para recibir el préstamos histórico de 44.500 millones de dólares, se destaca la suba de tasas de interés, que en septiembre de 2019 llegó a estar en el 75 por ciento anual, luego de que apreciara el dólar en 72 horas en 33 por ciento tras la derrota en la PASO. El objetivo era frenar la salida constante de divisas del sistema.
Obviamente en ese momento, la política económica del macrismo carecía de toda credibilidad y la demanda de divisas nunca se frenó. Del balance cambiario del Banco Central surge que durante los 48 meses del gobierno de Cambiemos la “formación de activos externos» (fuga) fue de 88.376 millones de dólares. Solo pudo detenerla cuando decidió colocar un estricto cepo a la compra minorista.
Al igual que ahora, la demanda no respondía a la expectativa de un atraso cambiario, dado que el tipo real multilateral se encontraba en sus máximos históricos. El nivel de tipo de cambio real multilateral se ubica actualmente todavía en torno al promedio de la última década y un 40 por ciento por encima del 2015.
El resultado entonces -y el riesgo ahora- es que una suba de tasa para los ahorristas, lo que se supone un premio para postergar consumo presente, es contraer la demanda fuertemente y afectar la actividad. El incremento en el costo de financiamiento de las compras y la falta de topes y pisos para que los bancos adecúen las tasas de intereses comerciales a la de la política monetaria durante la gestión en el Banco Central de Federico Sturzenegger también impidió un correcto traslado a los rendimientos de los plazos fijos de la suba de la tasa a la que se financiaban los bancos con la autoridad monetaria y así fracaso el esperado crecimiento del ahorro en pesos. Es decir, no hubo ahorro ni consumo.
Ahorrar y fugar dólares
Dos reconocidas consultoras privadas de consumo masivo, Scentia y Kantar, revelaron en sendos informes la fuerte caída de la demanda en ese rubro durante los cuatro años de gestión de Cambiemos. Los datos de la primera sostiene que, luego de un aumento de 2,5 por ciento en 2015, el consumo masivo se contrajo 4,5 por ciento en 2016; un 3,1 por ciento en 2017; un 1,5 por ciento en 2018 y cerró con un desplome de 7,3 por ciento en 2019. Kantar ofrece, con matices, un recorrido similar, con cuatro años consecutivos de números negativos.
Esto impactó en las decisiones de inversión en el sector real y, al bajar la demanda agregada, se contrajo la oferta. A partir de la liberalización de la cuenta financiera se incrementó sostenidamente la adquisición de dólares sin fines predeterminados; lo que se conoce como fuga de capitales. La masa de dólares que salió por las partidas mencionadas fue financiada con un extraordinario ingreso de deuda externa pública, mientras que los desembolsos con destino a la economía real brillaron por su ausencia.
Una suba pronunciada de tasas podría volver a incentivar el arribo de fondos especulativos para realizar el conocido carry trade: ingresar con los dólares, pasarse a pesos, hacerse de los altos rendimientos que ofrecería la Argentina respecto del resto del mundo y llevarse la ganancia nuevamente dolarizada al exterior. Esto profundizaría la restricción externa impactando en los precios internos y presionará sobre el tipo de cambio, tanto el oficial como las variantes financieras del contado con liquidación o dólar Bolsa (MEP).
El problema es la inflación y la respuesta es incrementar la oferta. Subir la tasa de interés no tiene mucho que ver con ese objetivo.
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