“El último fin de semana -expresaron-, una mujer se vio obligada a exponer mediáticamente su estado de salud, su intimidad y la de su familia para obtener una respuesta estatal que le salvara la vida”.
“Los profesionales de ese establecimiento, advirtiendo desde el primer control ginecológico que la gestación que atravesaba la mujer era sumamente riesgosa para su vida, se negaron a darle mayor información sobre el derecho a interrumpir el embarazo en curso y sobre las leyes y protocolos que protegen la práctica”, remarcaron.
“Estos servidores públicos -denunciaron-, incumplieron con sus deberes de funcionarios y violentaron la ley 26485 en toda su expresión. Por ello, exigimos al Ministro de Salud y a las autoridades administrativas que inicien las investigaciones correspondientes y, en consecuencia, se sancione a los responsables de tan despreciable ejercicio de la profesión”.
“Sostenemos que es totalmente ilegítima la conducta de los objetores de conciencia en masa, pero, aun respetando ese ‘derecho’, los médicos y médicas conservan la obligación de brindar información y de arbitrar los medios urgentes y oportunos para evitar poner en peligro la vida, en este caso, de una mujer malnutrida, con diez partos y 8 cesáreas, de tan solo 35 años y en situación de extrema indefensión”.
Por otro lado, repudiaron “la conducta corporativa e hipócrita de quienes objetan practicar abortos no punibles en la Salud Pública, pero que en sus consultorios privados, a valores de mercado, hacen caja con los derechos de las mujeres”.
En el caso de la joven madre de General Pico, indicaron que “habiendo tomado conocimiento de la acuciante situación de vulnerabilidad a la que es sometida la mujer y sus hijos e hijas, solicitamos a las autoridades de las áreas de Desarrollo Social, Secretaría de la Mujer, Ministerio de Salud, Defensoría de Niñez, tomen inmediata intervención en el caso y gestionen las medidas para darle una solución integral a las diversas problemáticas que colocan a todo el grupo familiar en grave riesgo”.
Por último y, ‘asumiendo que no se trata de un caso aislado’, exigieron al Gobierno de La Pampa “que garantice los derechos sexuales y reproductivos en todos los establecimientos de Salud Pública de la provincia, sean éstos de gestión pública o privada. Exigimos, sobretodo, que cesen las violaciones a los DDHH de las mujeres”, enfatizaron.
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