En una sentencia que condena a ocho años y seis meses de prisión –del 8 de mayo pasado– al imputado Marcelo Adrián Baena por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, la camarista María de los Ángeles Palacio de Arato aseguró que “de a poco se ha ido tornando más palpable la instauración de una ‘parasociedad’ en la que ‘narcos’, ‘dealers’ y consumidores montan una economía paralela, en la que arreglan sus cuentas lejos de las autoridades”.
«Es una característica propia del crimen organizado porque se trata de organizaciones que trascienden al país porque cuenta con características propias en cualquier parte del mundo».
La vocal de la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba contó en el fallo que la víctima, Adrián Ezequiel Rivarola, a pesar de haber recibido un impacto de bala en el vientre, que casi le cuesta la vida, asumió una “actitud reticente” respecto a la investigación judicial y llegó a decir que ignoraba quién había sido el autor del disparo; aunque la agresión se produjo en la puerta de su casa y a las 15.
Igual reticencia percibió el tribunal en otros testigos presenciales citados a declarar en el proceso penal, quienes llegaron a falsear la verdad para beneficiar la situación procesal del imputado Baena.
“Esta llamativa actitud, sólo puede ser entendida en el miedo que todos los testigos evidenciaron y con lo que acontece en el barrio. Ilustra, claramente, esta situaciónla vecina que debió abandonar su residencia a causa de las peleas de los narcos”, agregó la magistrada, según publicó el sitio de la Justicia de Córdoba.
“Estamos en un caso patente del drama social del narcotráfico, que repercute estructuralmente en nuestra sociedad, sobre todo en los lugares más vulnerables. Es evidente para todos los operadores judiciales que esta instalación de la droga en nuestras comunidades tiene directa relación con el aumento de la inseguridad”, explicó.
Precisó que la Justicia advierte temor por parte de los testigo a nivel general en cualquier caso y marcó una contradicción respecto a la necesidad de las investigaciones: «Los testigos tienen miedo, no quieren decir lo que vivieron y nosotros como jueces tenemos esta necesidad imperiosa de esclarecer los hechos y obtener respuestas. No quieren comparecer, son reticentes. Tuvimos que utilizar al ETER para traerlos a declarar».
Finalmente, reflexionó: “Hago votos de que esta resolución pueda ser escuchada por quienes le corresponde la tarea de la prevención y la recuperación del adicto, y que pueda aportar para generar conciencia de la situación que a diario enfrentan numerosos vecinos, que sufren en carne propia, la violencia producida por los que consumen drogas, y por los que la venden. Así como la de sus hijos que son los ‘posibles clientes’ de esta situación, y que están siendo tentados para ingresar a las filas de estar organizaciones, como consumidores”.
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