El plazo vencía la semana que viene pero la Corte le dio 30 días más a Mendoza para responder la demanda que le inició la provincia de La Pampa por el corte del río Atuel.
Mendoza consiguió 30 días más de tiempo para responder la demanda ambiental que inició La Pampa por el corte del río Atuel. Ayer se conoció la decisión de la Corte Suprema de la Nación de otorgar hasta el próximo 9 de julio como plazo para argumentar y documentar su respuesta.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt dijeron que prorrogaban el plazo ante la “complejidad del asunto”, al “volumen de la documentación” y la “trascendencia del caso”.
En principio el plazo vencía el 12 de junio.
Mendoza y La Pampa mantienen un conflicto por el corte del río Atuel. En 1987, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia, donde fueron tres los resolutivos principales: se declaró la interprovincialidad del Atuel, se rechazó una acción posesoria promovida por La Pampa y se exhortó a ambas provincias a celebrar convenios tendientes a una participación razonable y equitativa de los “usos futuros” de dichas aguas.
Ese fallo reconoció la interprovincialidad del río y se reconoció a Mendoza el derecho de irrigar 75.651 hectáreas con aguas de dicho río en el oasis sur y solo luego de que dicho abastecimiento se encontrase cubierto se vería obligada a escurrir agua hacia la vecina provincia.
A casi tres décadas de la sentencia de la Corte, La Pampa entabló una nueva demanda contra la provincia de Mendoza (Expediente CSJ 243/2014 (50-L) CS1), la cual se encuentra procesalmente en etapa de traslado.
El máximo tribunal aceptó tramitar de manera “directa” y “exclusiva” el reclamo por daños y perjuicios que impulsa La Pampa, en el marco de una disputa que se inició en 1947, cuando comenzaron las obras del dique El Nihuil en tierras cuyanas. De los cinco brazos del río, actualmente solo queda activo el arroyo de la Barda y prácticamente ha desaparecido un humedal de casi un millón de hectáreas en La Pampa, lo que provocó daños económicos, ambientales y sociales a lo largo de décadas.
La provincia demandante sostuvo que las autoridades de Mendoza causaron “un inmenso daño social en el noreste” de La Pampa, región que “fue condenada al atraso en su desarrollo y al éxodo de su población debido al uso arbitrario del agua de ese río”. La demanda también involucra al Estado Nacional como “tercero interesado”, por supuesta negligencia en la administración del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, en las afueras de la ciudad mendocina de San Rafael.
Los reclamantes sostienen que Mendoza redujo el caudal hídrico del Atuel, privando a la población de La Pampa de desarrollar una “vida digna” y provocando “un significativo daño ambiental, que debe ser remediado e indemnizado”.
En el planteo de La Pampa se incorporan novedosos elementos de carácter internacional en materia de recuperación y restablecimiento de ecosistemas y humedales. En ese sentido, procura extenderlos al caso, al requerir caudales ambientales y productivos, tanto en lo que respecta a la cantidad como a la calidad del agua que deberá llegar a territorio pampeano.
Fuente: ElDiarioDeLaPampa.com.ar
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