Ya sin políticos en escena, que sin ser tantos asomaron apenas por la ceremonia de apertura, los obispos de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (Cepas) convocaron ayer a todos los sectores de la comunidad para trabajar en pos de «achicar la deuda social con los más pobres» y «crecer en justicia y solidaridad».
Víctimas de trata y violencia, desnutrición infantil, contaminación ambiental, drogadependientes, sin techo, aborígenes, desocupados y explotados son solo algunos de los puntos frágiles que advierten en una sociedad en la que resaltan el sufrimiento de quienes viven «sumergidos en condiciones de miseria».
En un año de renovación de gobiernos, los obispos dijeron que no se confunda ayuda con búsqueda de beneficios o clientelismo. «Nos comprometemos a promover no la dádiva paternalista, que ofende y sumerge en postración, sino la promoción humana fruto de la fraternidad y la igualdad», aclararon.
En este documento final de la Semana Social 2015, guiada en esta edición por la consigna «¿Globalización de la indiferencia o globalización de la solidaridad?», se hizo hincapié en el compromiso firmado aquí por distintas fuerzas para lograr que la lucha contra el narcotráfico se convierta en política de Estado, se remarcó que la corrupción «provoca muerte y daña el tejido social» y se recurrió a citas previas de la Comisión Episcopal Argentina para plantear que este año electoral debería ser un momento propicio para «iniciar un examen de conciencia colectivo» y como sociedad proponerse «metas exigentes» que «estimulen a crecer en la cultura del trabajo y el encuentro».
Esa convivencia demandada, al menos en términos políticos, solo se dio el viernes, durante el acto de inauguración, cuando pasaron por el hotel 13 de Julio los candidatos presidenciales Daniel Scioli y Margarita Stolbizer, y los postulantes a gobernador Julián Domínguez, Felipe Solá y Jorge Ceballos. El resto fue debate de base de dirigentes sociales de todo el país que se ocuparon de cuestiones de marginación y pobreza, tierra y vivienda, drogadicción, empleo, corrupción y educación.
Ayer, en el panel final, el dolor de los que más necesitan lo reflejó mejor que nadie Marta Garaycochea, más conocida como «la hermana Marta», al frente hace años del Centro Comunitario Nuestra Señora de Luján, refugio de niños y familias hundidas en la pobreza. «Se habla de inclusión pero se gobierna con la economía de la exclusión», acusó. Y frente a la delicada problemática y la falta de respuestas, en particular por los efectos de la droga en las calles, advirtió que las muertes de niños y jóvenes que se registran hace tiempo «son muertes anunciadas».
Jorge Sola, secretario de Acción Social de la CGT, planteó en unas de las reuniones que la pobreza en Argentina «es estructural» y consideró imprescindible recuperar la cultura del trabajo. «Hay tercera generación de planes sociales, y no pueden ser eternos», se quejó.
Esta edición se sustentó en el planteo del papa Francisco que contrapone la cuestionada globalización de la indiferencia con su reclamo de expandir sin límites la solidaridad, a la que ha resaltado como «mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos» y la vincula con la lucha contra la pobreza, desigualdad, falta de trabajo y negación de derechos sociales y laborales. «Seguimos haciendo estos aportes para que esta solidaridad se haga presente en la vida argentina», insistió monseñor Jorge Casaretto.
El viernes se firmó un acuerdo de compromiso de gestión pública con referentes de más de diez espacios. El Frente para la Victoria no dejó ningún representante a la hora de estampar la rúbrica.
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