Convocan a los pampeanos a adherir al boicot al tarifazo de los celulares

La medida para manifestar el descontento y el desacuerdo  de los usuarios  es impulsada por la entidad “Consumidores Libres” y consiste en no realizar ni recibir llamados durante dos horas el próximo 6 de junio.

Giorgis, a través de un Proyecto de Resolución, solicita declarar  este boicot de interés público y pide también que la Cámara de Diputados de la Nación consagre a la telefonía celular como SERVICIO PÚBLICO. Manifestando que “el aumento anunciado es por demás INDIGNANTE, sobre todo teniendo en cuenta la pésima calidad del servicio que estas 3 empresas monopólicas foránea nos dan. No sólo que la calidad del servicio no mejora, sino que cada vez es peor. El aumento superó  incluso los acuerdos paritarios de todos los gremios de los trabajadores,  ya que ronda el 40 % en lo que va del año, algo INSOLITO”.

Giorgis, se pregunta qué se espera para incluir a la telefonía móvil como SERVICIO PÚBLICO, nadie puede desconocer la funcionalidad e importancia de las comunicaciones en estos tiempos, y más aún de los celulares. La falta de inversiones por parte de las telefónicas hace que el sistema esté totalmente colapsado, o sea se siguen vendiendo líneas pero la capacidad de las antenas no alcanza, por lo tanto no tenemos prácticamente señal.

“Días atrás en el terrible accidente en la ruta 5, en cercanías a Santa Rosa, escuchamos al Dr. Reale como se quejaba de que no había señal para llamar con urgencia a las ambulancias y a  quien corresponda. Es un tema gravísimo en un momento en que el tiempo y los minutos resultan vitales.

Nosotros en la Argentina no pagamos TARIFA, sino que pagamos un precio arbitrario fijado exclusivamente por las empresas multinacionales,  esto ocurre bochornosamente porque no ha sido declarado  SERVICIO PÚBLICO.   Frente a este desentendimiento, el  Estado no tiene intervención, como si la tiene en  caso de la telefonía fija, el gas, la luz, que son servicios públicos declarados por ley. En la telefonía celular el Estado no analiza la ecuación económica de las empresas prestadoras y tampoco le establece márgenes de rentabilidad razonables. Todo esto permite que el servicio sea cada vez peor  e igualmente aumenten los precios.

Las ganancias de estas multinacionales no pueden estar por encima de la vida y de los intereses de las personas.”