El Tribunal de Impugnación Penal decidio rechazar una vez más un habeas corpus presentado por el Defensor General, Eduardo Aguirre. El funcionario judicial había realizado una presentación el pasdo 24 de febrero tras comprobar que en la Seccional Segunda de Santa Rosa -luego de que se reabrieran las celdas clausuradas por las condiciones inhumanas que tenían- se violó la orden de la jueza de Control Florencia Mazza de no alojar a más de cuatro detenidos.
El TIP ya había rechazado esa pretensión dos días después, el 26 de febrero, con el argumento de que se excedían sus «facultadas jurisdiccionales». Pero como Aguirre apeló esa decisión, ahora, el mismo organismo resolvió “no hacer lugar” y ratificó la anterior decisión con fecha del pasado 16 de marzo, según se dio a conocer oficialmente este lunes.
Aguirre también había reclamado que el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad haga cesar las condiciones de hacinamiento y superpoblación de las Alcaidías de Policía. Y pidió que esa cartera convoque a una mesa de debate que “permita arribar a soluciones duraderas, consistentes y respetuosas de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”, convocando a las autoridades judiciales y demás organizaciones y organismos que abarcan la problemática. Además, advirtió que de no mejorar la situación podría acudir a organismos internacionales con la posible responsabilidad de los estados nacional y provincial.
Los defensores hicieron una inspección y encontraron nueve detenidos en el lugar. Aguirre advirtió en aquel momento que habría funcionarios policiales que podrían haber incurrido en un delito al desobedecer la resolución judicial.
El defensor general consideró que esta situación es un ejemplo de lo que sucede en el resto de las comisarías y Alcaidías de la provincia desde hace meses. Y se hizo eco de un planteo de los jueces de Ejecución, Martín Saravia y Mauricio Pascual, quienes denunciaron que las condiciones de superpoblación que advirtieron hace seis meses se siguen agravando sin que el Gobierno Provincial tome cartas en el asunto.
Aguirre desestimó que la situación de sobrepoblación y hacinamiento en las Alcaidías y comisarías pampeanas tenga origen en la repatriación de presos pampeanos desde otras provincias a la Colonia Penal 4, algo que se logró el año pasado después de varias presentaciones de la Defensoría que ocupa y de la decisión del Tribunal de Impugnación Penal y los Juzgados de Ejecución.
En su blog, “Derecho a Réplica”, bajo el título “La verdad sobre los presos pampeanos y las operaciones de prensa (I)”, Aguirre difundió el hábeas corpus colectivo y correctivo que presentó la semana ante el TIP “en razón del agravamiento sostenido y sistemático de las condiciones de detención en alcaidías y comisarías”.
El planteo pretendía conseguir “algo similar a lo planteado en el caso ‘Verbitsky‘”, en el cual la Corte ordenó una mesa de debate entre las autoridades involucradas para mejorar las condiciones de detención en la cárceles.
La Segunda,
caso testigo
Aguirre graficó su planteo con un caso testigo, la Seccional Segunda de Santa Rosa. El funcionario judicial reveló que el pasado 17 de febrero hicieron una inspección en esa comisaría y encontraron nueve detenidos en situación de “hacinamiento, tratos humillantes, inhumanos y degradantes”, contrariando la orden expresa de la jueza de Control Florencia Mazza, quien había rehabilitado la posibilidad de alojamiento de detenidos en el lugar pero solo hasta un número de cuatro personas.
La rehabilitación del lugar se había producido luego de que las celdas de la Seccional Segunda de Policía fueran clausuradas a instancias de sendos hábeas corpus presentados por la Defensoría ante las condiciones “ilegales” de detención verificadas.
“Esta conducta de indudable contumacia, merecería desde ya la vista al Agente Fiscal para que investigue la eventual responsabilidad penal de los funcionarios policiales a cuyo cargo se encuentra la Seccional Segunda pero también, obviamente las de las restantes autoridades que, como ellos, fueron oportunamente notificadas por la Jueza de Control, de la decisión que se ha violado ilegalmente”, subrayó.
“Si la capacidad de alojamiento ha sido excedida en más de un 100%, confinando a los detenidos en condiciones indudables de hacinamiento, dicho esto desde un punto de vista estrictamente técnico, corresponde que de inmediato se trasladen a otras unidades policiales los reclusos que excedan el número autorizado, lo que a la fecha constituye una violación flagrante a los derechos humanos que incurre el estado provincial”, insistió.
El defensor aclaró que cargar las tintas solo sobre las autoridades policiales sería una lectura “simplista” porque solo pueden trasladar los presos a establecimientos con condiciones similares.
Fuente: ElDiarioDeLaPampa.com.ar
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