El Gobierno nacional acusó, en una solicitada publicada en los diarios de hoy, al fallecido fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, de haber buscado un supuesto «efecto político desestabilizador» con la denuncia contra la presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento de los responsables del atentado terrorista en la mutual judía.
«Qué objetivos perseguía el Fiscal Nisman con su denuncia plagada de contradicciones, carencia lógica y sustento jurídico. ¿Puede pensarse una hipótesis diferente que no sea la de buscar generar un efecto político desestabilizador?», establece, en sus puntos principales, el documento que firma «Gobierno de la República Argentina».
De esta manera, el Poder Ejecutivo usó argumentos del fallo del juez Daniel Rafecas que desestimó la denuncia del fiscal federal Alberto Nisman -retomada por su par Gerardo Pollicita- en contra de la primera mandataria.
Días atrás, la mandataria publicó en su web la resolución completa del magistrado («un dictamen extenso y minucioso») y una selección de «los puntos salientes del dictamen». Hoy, en la solicitada publicada en los diarios, firmada por el «Gobierno de la República Argentina» junto a una imagen de la bandera, se refiere nuevamente a la decisión de Rafecas sobre la denuncia de Nisman, que considera de «gravedad institucional y política».
El texto, dirigido «al pueblo argentino y toda la comunidad internacional», destaca pasajes del fallo del juez y retoma la hipótesis oficial, ya esbozada por Cristina Kirchner en la apertura de sesiones legislativas el domingo, sobre Nisman. Asegura que el fiscal sostuvo dos posturas opuestas sobre la causa AMIA. Y expresa que «el juez Rafecas resaltó la falta de coherencia e integración de Nisman».
El texto también respalda el polémico acuerdo de la Argentina con Irán que impulsó Cristina Kirchner: «En este contexto, sólo es posible ratificar el camino trazado por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional a través del memorándum de entendimiento, una herramienta que permitiría interrogar a los ciudadanos iraníes acusados, y a partir de allí, llevar el caso hacia un juicio oral y público. Esa situación, pondría al Estado argentino en un mejor contexto frente a Irán y la comunidad internacional para exigir la extradición o al menos para negociar la realización del juicio oral en un tercer estado».
En la solicitada, el gobierno nacional dispara una vez más contra el Poder Judicial, que, asegura, queda «bajo la lupa» en el juicio por la AMIA.
Por último, pide «se escuche a las víctimas del atentado y sus familiares, a quienes todos dicen representar, pero pocos realmente prestan atención».
Diario textual
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