La Defensoría consideró que “la permanencia de los niños en establecimientos carcelarios importa una afectación severa a su libertad, su desarrollo pleno, dignidad, integridad psíquica y moral, su vida privada e intimidad, salud, su derecho al medio ambiente, y a estar en contacto libremente y a jugar con otros niños”.
Un chico de apenas tres años compartía el pabellón de detenidas de la Unidad 13, donde estaba alojado con su madre, hasta que la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia intervino para dejar a salvo al pibe del sistema carcelario. La situación genera polémica y produjo incidentes en la propia unidad, ya que la madre -de apenas veinte años- resistió esa decisión.
El chico está ahora en el seno de una familia de acogimiento. La situación es inédita: con algunas irregularidades de por medio, el chico había sido enviado a Santa Rosa por una orden judicial de Morón, pero el organismo que la tomó no tenía jurisdicción para hacerlo. Es el único nene que estaba en esas condiciones en la provincia, de acuerdo con lo que confirmaron fuentes que conocen de cerca el caso.
Con su madre detenida, el chico fue encontrado abandonado en una villa y el juez intentó “protegerlo” enviándolo con su madre a la Unidad 13, en diciembre del año pasado. Se alojaba desde entonces en el pabellón con su madre, lo cual movió al defensor Juan Pablo Meaca a cuestionar el procedimiento y actuar en defensa del niño.
El funcionario pampeano responsabilizó al Juzgado Federal 1 de Morón (Secretaría 4) “por la grave situación judicial que provocó sobre los derechos del niño” y dio intervención a organismos nacionales, incluyendo al Consejo de la Magistratura.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia sugiere que todas aquellas mujeres condenadas que tengan hijos menores de cinco años puedan acceder a un arresto domiciliario. La joven que es protagonista de esta historia fue sentenciada por un delito no grave, vinculado con el consumo de drogas.
Un chico vulnerado
Al intervenir, Meaca -a cargo de la Defensoría- aludió a “la situación de vulneración del niño, y lo inadecuado del lugar y del marco familiar para su protección”.
La situación generó rispideces e incidentes en la Unidad 13, donde además de la madre del chico está alojada una tía. Las mujeres tienen apellidos diferentes y en ambos casos están a disposición del Juzgado de Morón.
Se detectó que tenían problemas de convivencia con otras presas y por eso fueron separadas. Poco después, cuando se decidió el traslado del chico a otro lugar -con intervención del Ministerio de Bienestar Social-, su madre provocó nuevos destrozos y un principio de incendio. A raíz de esa situación también se investigan supuestos apremios ilegales durante una requisa, denunciados por la joven madre.
El primer incidente había sido a raíz de que las mujeres habían pedido autorización para instalar una pileta “Pelopincho”, pero las autoridades la negaron porque era de dimensiones que consideraron demasiado grandes.
El defensor le solicitó al MBS, “en virtud de la medida excepcional tomada, la valoración profesional de referentes familiares o afectivos del niño”. También se pidió la realización de exámenes médicos (su madre fue diagnosticada con HIV): dieron negativo. Se les corrió vista al Juzgado de Menores, a la asesora de Menores y al equipo profesional del Servicio Penitenciario Federal.
Además se les dio intervención a la Secretaría Nacional de Niñez, al Ministerio de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura de la Nación y a los organismos de derechos humanos nacionales, “por la grave situación, que la decisión judicial del Juzgado Federal de Morón provocó, sobre los derechos del niño”.
Maltratos y protección
La Defensoría intervino a raíz de la actuación, el 21 de enero, del Juzgado Federal de Santa Rosa. Los informes realizados por los equipos técnicos profesionales y personal del Servicio Penitenciario Federal manifestaron su “preocupación por la integridad física y desarrollo” del niño de tres años de edad. A partir de nuevos informes y la intervención de profesionales, que incorporaron nuevos elementos, se produjo un “cambio de las decisiones que corresponden realizar en protección de los derechos del niño”, señaló la Defensoría.
Acusó al Juzgado de Morón de actuar sin dar intervención al órgano administrativo competente para esta situación, según la Ley 26.061. El 17 de enero de 2015, el personal institucional del Servicio Penitenciario Federal “constató hechos de maltrato hacia el niño”.
La Defensoría consideró sin dudas que “la permanencia de los niños en establecimientos carcelarios importa una afectación severa a su libertad, su desarrollo pleno, dignidad, integridad psíquica y moral, su vida privada e intimidad, salud, su derecho al medio ambiente, y a estar en contacto libremente y a jugar con otros niños, entre otras cosas, por lo que esta situación debía cesar inmediatamente”.
Entre otras situaciones, la madre no solo se negaba a recibir medicación, sino que además se opuso a que a su hijo se le realizaran los exámenes médicos elementales.
Antes de la decisión de fondo, intervinieron en el caso numerosos organismos y funcionarios, tanto provinciales y nacionales como de los poderes Ejecutivo y Judicial. En un momento de ese proceso, el Juzgado Federal de Morón reconoció “la falta de competencia en materia de niñez, y para resolver la situación del niño, y que la única medida judicial que puede aplicar es resolver medidas sobre la madre, y que de estas se desprenda alguna solución para el niño”, según explicó la Defensoría.
Meaca ordenó, tras los incidentes mencionados, “que se avance en la medida excepcional, existiendo innumerables elementos para darle sustento legal”. A criterio del defensor, el segundo incidente en la U13 demostró que la madre bajo condiciones de detención volvió “a atentar contra la integridad del niño, prendiendo fuego la celda donde estaba el niño, elementos que confirman los argumentos vertidos por este organismo, sobre lo irregular de la situación del niño, y las vulneraciones que se producen, al incorporar niños a estos sistemas”.
El diario
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