La intervención de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) permitió que un juez federal de Salta se convenciera de un planteo que insólitamente sigue en discusión, tanto en esa provincia como en La Pampa: el derecho que tienen las personas detenidas a estar en su lugar de origen, para tener más cerca suyo a la familia y a los organismos y funcionarios judiciales que tienen que decidir sobre sus causas.
La decisión se conoció en la misma semana en la que en nuestra provincia volvió a instalarse el debate, especialmente a partir de la manipulación de algunos datos, que buscan que se interprete que la violación de ciertos derechos humanos deriva clara y paradójicamente del afán de algunos sectores y organismos por hacer cumplir otros derechos.
Más puntualmente: hay una operación destinada a que se considere que en las alcaidías provinciales los detenidos permanecen hacinados porque hubo jueces que determinaron que los presos que antes estaban en otros lugares del país ahora se alojen en la Unidad 4, como corresponde.
A partir de esa realidad, suponen que el SPF tiene derecho a no recibir a más detenidos y hasta luce “enojado” por el problema que le han tirado encima con esa resolución, que impacta también en las cajas económicas que maneja el organismo.
Las palabras del responsable de la PROCUVIN, Abel Córdoba, sirven para sintetizar de qué se trata el asunto: “Hace más de un siglo que el destierro no es una pena lícita y expresamente la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho a no ser desterrado por tratarse de una pena cruel, sin embargo todavía se aplica y hay que interponer hábeas corpus para que las personas sean devueltas a sus lugares”.
Claro que esa mirada lúcida y avanzada, consciente de los derechos de las personas, no es unánime, mucho menos entre quienes tienen poder de decisión y actuación en nuestra provincia: hasta pudo haber ocurrido, en el manodurista contexto actual, que por la fuga de dos detenidos de la Seccional Primera se hiciera responsable no a la desida o negligencia de quienes son responsables de cuidarlos, sino a la decisión institucional que ordenó su alojamiento en ese lugar ante la carencia de otros sitios.
También durante la semana que se fue el jefe de la Unidad Regional I, Carlos Chico, soltó sobre los detenidos en general alusiones de un desprecio inverosímil, diferenciando entre aquellos delincuentes que reinciden y las “personas normales”.
Chico hizo otra lamentable aseveración, tendiente a la justificación del hacinamiento, cuando dijo que los detenidos en realidad ya están acostumbrados a ese tipo de condiciones, porque también las padecen en “su vida real, natural”, como si se tratara simplemente de una elección.
Aunque el secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes, fue más bien tibio al analizar esos dichos, el hecho de que provengan no de un efectivo inexperimentado sino de un funcionario policial que ha recorrido los sectores más poderosos de la fuerza y que desde esos lugares baja línea ideológica a sus subordinados, debiera poner en alerta a sus superiores, no solo de la Policía sino -fundamentalmente- a sus jefes políticos, que son por lo menos el ministro del área y el gobernador.
En esos casos lo que ha hablado es el silencio, que de alguna manera es coherente con el comportamiento que el Ejecutivo ha tenido en esa saga, donde ha elegido defender el interés del SPF y no de los ciudadanos pampeanos privados de la libertad.
Fuente: ElDiarioDeLaPampa.com.ar
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