La provincia de Mendoza fue notificada de la demanda interpuesta por el gobierno pampeano. El fiscal de Estado cuyano lo minimiza.
«Varios de los elementos probatorios citados por la provincia de La Pampa están asentados en escasos testimonios», afirman.
Luego de que la provincia de Mendoza fuera notificada de la demanda presentada por la provincia de La Pampa, el fiscal de Estado subrogante, Javier Fernández, cuestionó los argumentos sobre los que fundan sus reclamos.
El juicio fue planteado el 16 de mayo de 2014 por el gobierno de La Pampa en nombre del Estado provincial contra la provincia de Mendoza por el daño ambiental causado por el corte del río Atuel. Es el segundo juicio iniciado con ese énfoque: el anterior lo planteó el abogado Miguel Palazzani (hoy fiscal federal) contra la provincia cuyana.
La mirada de Mendoza
“A primera vista varios de los elementos probatorios están asentados en escasos testimonios orales entre los años 40 y 50, no tienen un sólido fundamento”, remarcó el hombre que está al frente de la Fiscalía de Estado.
De este modo se refirió el funcionario a la presentación de pruebas que totalizan 21 anexos, entre los que se encuentran una amplia variedad de estudios hídricos diversos mapas comparativos sobre el estado de la cuenca, una cronología general de los ríos, rutas y de la pesca comercial y deportiva. Incluso, adjuntaron como prueba el documental “La Porfía” que relata la historia de un proyecto agropecuario en el noroeste pampeano.
“Esta demanda y la demora de los plazos por parte del gobierno pampeano hacen sospechar de la intencionalidad política de la presentación”, agregó Fernández.
En su nueva presentación, La Pampa solicita que el Departamento General de Irrigación remita copia certificada de las distintas denuncias y de los expedientes tramitados acerca de la cuenca del Atuel, también solicita un informe sobre las tareas de mantenimiento del acueducto.
“Hemos convocado formalmente al Comité de Defensa del Río Atuel a los fines de estudiar la demanda, las pruebas presentadas y evaluar las distintas estrategias a seguir” manifestó Javier Fernandez.
Dentro de la demanda la vecina provincia pide que se cite a declarar al Gobernador de Mendoza, al Fiscal de Estado subrogante, al Asesor de Gobierno y al Superintendente del Departamento General de Irrigación, para que den sus testimonios sobre la interprovincialidad del Río Atuel, sobre el uso del agua en Mendoza, la posibilidad de realizar obras para mejorar sus futuros y los estudios realizados por la provincia para mejorar la situación hídrica del Río Atuel.
Para finalizar el Fiscal de Estado expresó que “no son menores los intereses en juego cuando hay una batalla judicial entre dos provincias, sabemos que en Buenos Aires hay mucho lobby sobre este tema, tanto en la Corte como en el Ejecutivo Nacional”.
El diario
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