Una de cal…
Finalmente las cooperativas y el gobierno provincial llegaron durante la semana que se fue a un punto de acuerdo para implementar el Pacto Federal Eléctrico que, como efecto más importante, congela las tarifas de los usuarios. El camino para llegar a ese arreglo no fue precisamente sencillo, e incluso el consenso final en algunos puntos básicos no terminó de despejar todos los interrogantes que tienen las entidades solidarias.
El gobernador Oscar Mario Jorge usó durante los sucesivos encuentros una metáfora que pinta de cuerpo entero la situación: “la provincia es el jamón del sánguche”, les dijo a los dirigentes cooperativos. De esa manera, el jefe del Ejecutivo puso en evidencia que tuvo que firmar el Pacto a instancias de la presión ejercida por el gobierno nacional, con el objetivo central de que no se incrementen las tarifas, para evitar que el índice inflacionario golpee sobre los presupuestos familiares.
Detrás de ese objetivo, que distintos sectores pueden considerar como saludable, el gobierno incurrió en numerosos defectos de implementación y puso a andar una metodología que castigó severamente primero a las cooperativas y luego a la Provincia.
En ese contexto, y decidido a no generar un nuevo choque con el movimiento cooperativo, el gobernador decidió hacer una apuesta que consiste en que el gobierno provincial aguante no sólo las deudas que las cooperativas tienen en algunos casos con la Administración Provincial de Energía, sino también las deudas que Nación tiene o pueda tener con las cooperativas (la Provincia se comprometió a adelantar los fondos en cuotas mensuales, independientemente de los envíos del gobierno central o los problemas que pueda haber en las rendiciones, como ocurrió el año pasado).
Jorge tuvo que hacer equilibrio en la negociación y logró “arrancarle” a Nación 10 millones de pesos más de los que había previsto originalmente, al tiempo que también coprometió otros fondos del presupuesto provincial para acercarse a la demanda de las entidades solidarias, que cuando hicieron las cuentas advirtieron que no podrían mantener el congelamientato tarifario si no accedían a subsidios por un monto cercano a los 120 millones de pesos.
El Pacto tiene numerosos vicios: algunos de ellos fueron comprobados por sus firmantes a lo largo del año pasado, otros son más bien la columna vertebral política de un convenio que está pensado para solucionar problemas que se producen sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y con empresas privadas.
La realidad de La Pampa es muy diferente a la de Buenos Aires y lo saben todos los sectores involucrados, pero sin embargo -por lo que se ve- resulta complicado que el gobierno central tome en cuenta esa diferencia de escenarios: en la provincia hay localidades pequeñas, con escasos habitantes, que mantienen un servicio administrado no por firmas con afán de lucro, sino por cooperativas que tienen otro sistema económico, otro objetivo, otra relación con el Estado y otro estilo de conducción.
Esas circunstancias configuran un contexto muy diferente al que los funcionarios tomaron en cuenta cuando elaboraron el Pacto y por eso generan a las cooperativas y la Provincia determinados problemas, que incluyen la necesidad de afrontar como prioritarios algunos asuntos que en realidad en nuestra región no representan cuestiones que requieran una atención inmediata o primordial.
La situación, como ya se ha advertido reiteradamente en estas líneas, deja instaladas otras dudas con vistas a lo que pueda ocurrir en 2016, cuando el pacto y los subsidios lleguen a su término y de alguna manera haya que blanquear los aumentos tarifarios y los costos reales.
…y una de arena
La muerte de un joven en General Pico, Maximiliano Cruz, como consecuencia del balazo que le aplicó un efectivo policial -el cabo Rodrigo Benvenutto- reinstala la sensación tan extendida, y por desgracia con numerosos ejemplos que se amuchan, de que la vida no vale nada.
Esa es la primera lectura que se hace del episodio -sin necesidad de que esa afirmación implique juzgar lo ocurrido en el hecho- incluye las reacciones posteriores y también una serie de situaciones peligrosas y lamentables de las que vienen siendo protagonistas los efectivos policiales, el Poder Judicial y algunos jóvenes en esa segunda ciudad de la provincia.
Por alguna razón, en los últimos tiempos es claro que General Pico se ha vuelto una urbe en la que resaltan los episodios violentos y los enfrentamientos, a veces entre vecinos, a veces de jóvenes con la Policía: reina la sensación de que hay un explosivo cóctel en el que se mezclan la marginalidad, el resentimiento, la droga, la impunidad y la anomia.
Frente a esa realidad, la respuesta del Estado viene casi siempre por el lado de la mano dura y la represión, como si el poder público hubiera ya resignado el resto de las herramientas con que cuenta para prevenir, educar y contener.
Al mismo tiempo, el hecho anticipa que puede haber nuevos enfrentamientos, como de hecho se produjeron en las horas inmediatamente posteriores al homicidio: las declaraciones de la madre del joven que resultó víctima de un balazo encierran por un lado la decepción de quien se considera víctima de una persecución injusta y al mismo tiempo el anticipo de una venganza.
También resulta de una tristeza que debería conmover la postura que toman algunos ciudadanos en los espacios en que deciden participar: los mensajes en los portales virtuales (algunos publicados, otros no) o las conversaciones cotidianas en buena proporción justifican el homicidio, lo ensalzan, sugieren felicitaciones, en un despliegue de esa evidencia de que la vida no vale nada.
La pronta liberación del policía que fue autor del homicidio es otro mensaje que brinda el Poder Judicial a los ciudadanos: en ese sentido, toda decisión es política, del mismo modo que ocurre cuando los funcionarios judiciales quieren mantener a un acusado privado de su libertad para zafar del reclamo popular de que “entran por una puerta y salen por la otra”
La mirada inhumana sobre el contexto social y político es lo peor que puede ocurrir socialmente: esa idea de que hay un bando “bueno” y otro “malo”; esta teoría de que lo único que el Estado puede hacer es aparecer con tiros y uniformes cuesta vidas.
Esas vidas, en general, son de personas jóvenes, como ya se ha padecido en casos anteriores -incluso en General Pico- frente a los cuales el Poder Judicial ha demostrado su capacidad de mano blanda para juzgar el gatillo fácil o la represalia a supuestos ladrones de poca monta.
Podrían enumerarse como ejemplos de esa desgracia que merece cualquier cosa menos la indiferencia -y por tomar solo casos que fueron noticia el año pasado- las muertes de Cristian Azcona, de Jorge Nicolás Pescara, de Chamy Fernández, del cazador Matías Ramos, o las brutales agresiones cometidas por Roberto Payela y la familia de policías Carro-Bernardo.
Fuente: ElDiarioDeLaPampa.com.ar
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