Más trabas para legalizar el acceso al aborto en La Pampa

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La jefa del servicio de Tocoginecología del Molas presentó una declaración de “objeción de conciencia”. El fallo de la Corte de 2012 ya se cumplía a medias. Aunque la ley no pone plazos, ningún profesional de Salud Pública interrumpe embarazos de más de 14 semanas.

La jefa del servicio de Tocoginecología del Hospital Lucio Molas, Carolina Illanes, presentó una declaración de “objeción de conciencia” y de esta manera en el principal centro de salud de la provincia ya no se realizan interrupciones de embarazo, ni siquiera bajo lo dispuesto por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012. Su decisión fue informada al director del establecimiento de salud, Armando Hornos, durante esta semana, según pudo saber El Diario.

La decisión de la profesional implica que, según las normas vigentes en la provincia de La Pampa, en el Molas ya no se realizarán abortos en embarazos de más de 14 semanas bajo ninguna causal. Y significa un agravamiento del panorama a nivel provincial, ya que en el Hospital Gobernador Centeno de General Pico ocurre una situación similar.

El Código Penal Argentino establece desde 1921 dos tipos de abortos despenalizados en su artículo 86: cuando corre riesgo la vida de la mujer, y cuando el embarazo sea producto de una violación cometida sobre una mujer con discapacidad mental. Este último punto fue aclarado por el fallo F.A.L. de la Corte en 2012, cuando precisó que el aborto es no punible en violaciones cometidas sobre cualquier mujer, y además indicó que no es necesario recurrir a la Justicia para su realización. En ningún caso se establece un límite de semanas de embarazo para llevar la práctica adelante.

El máximo tribunal también estableció que los procedimientos deben ser garantizados por el Estado, exhortando a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a implementar protocolos hospitalarios “para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”.

También, pedían disponer “un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de ‘objeción de conciencia’”, pero sin que ello “se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio”. De hecho, se advertía que sería considerado ilegal que un servicio hospitalario completo se declarara objetor.

Un fallo que no se cumple

En el Hospital Centeno, todo el servicio de Tocoginecología era objetor de conciencia y hacían derivaciones al Molas hasta que el año pasado se empezaron a hacer interrupciones legales de embarazos de hasta 12 semanas.
Hasta esta semana, Illanes era la única profesional del servicio de Tocoginecología del Molas que hacía interrupciones legales superando las 14 semanas, pero ahora, con esta decisión, quienes requieran un aborto por las causales previstas legalmente y superen ese período no podrán hacerlo en el sistema público pampeano.

En medio del debate nacional por una ley que garantice un acceso a abortos legales, seguros y gratuitos, la provincia da otro paso atrás con respecto a situaciones ya normadas desde aquel fallo de la Corte en 2012.

Cabe recordar que en noviembre 2007, en los últimos días de la primera Gobernación de Carlos Verna, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó la llamada Ley Peppino que establecía un protocolo que regulaba el procedimiento que debían realizar los médicos en los centros públicos en los casos de los abortos no punibles contemplados en el Código Penal de la Nación. Oscar Mario Jorge, apenas asumió como gobernador, la vetó el 18 de diciembre de ese mismo año.

En 2012, tras el fallo de la Corte, Mario González, entonces ministro de Salud, dijo que La Pampa no tenía porqué adherir a esa decisión. La polémica la apagó el mismo Jorge, encargando a la asesora letrada Daniela Vassia la elaboración del protocolo que actualmente rige, pero que es restrictivo respecto a lo que determinó el fallo F.A.L., y bajo el que se amparan las y los profesionales de Salud Pública.

Un reciente informe de Amnistía Internacional sobre la aplicación de ese protocolo nacional ubica a La Pampa entre las siete jurisdicciones que dificultan el acceso a un aborto seguro, junto a la CABA, Córdoba, Neuquén, Buenos Aires, Río Negro y Salta. Esta última provincia adhirió al protocolo nacional en las últimas horas, tras conocerse el caso de una niña de 10 años embarazada por una violación y que por las restricciones legales impuestas por la provincia debía continuar con la gestación.

Otras nueve provincias (Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego) están adheridas al protocolo nacional, mientras que otras ocho (Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán) no cuentan con normas legales al respecto.

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