Urtubey decidió adherir al protocolo de abortos no punibles

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Fue a partir del caso de la niña de 10 años violada a la que le fue negado un aborto por las restricciones que impone la legislación salteña.

Producto de las críticas, el gobernador de Salta debió dar marcha atrás y modificar la legislación de esa provincia que imponía restricciones a la práctica del aborto legal, por motivos de violación o de peligro de vida de la madre, informó Página/12.

Tras el repudio generalizado por la decisión de impedirle a una niña de 10 años, violada por su padrastro, acceder a un aborto seguro, Juan Manuel Urtubey adhirió hoy a través del decreto 584/18 al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado por la Corte Suprema de la Nación. Ahora la niña podrá decidir sobre si continuar o no con el embarazo.

“La Provincia de Salta, a través del decreto 584/18, adhirió hoy al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación”, resaltó en el primero de sus tuits respecto su decisión de volver a la legalidad y aceptar el fallo FAL de la Corte Suprema que no pone plazos para que una mujer pueda acceder al derecho de la interrupción del embarazo en caso de violación.

Aclaró que tomó esa medida “frente a los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo”.

En línea con el reclamo del movimiento de mujeres en contra del restrictivo decreto, el gobernador salteño reconoció que en la decisión “se establece la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad”.

Días atrás se dio a conocer el caso de una nena de 10 años que llegó al Hospital Materno Infantil de Salta con dolores estomacales, y luego de ser examinada se descubrió que cursaba un embarazo de 19 semanas.

Un decreto provincial la obligaría a continuar con la gestación, pese a ser fruto de una violación por parte de su padrastro. Es que el decreto 1170/2012 es el que establece un periodo límite para acceder al aborto no punible de 12 semanas, informó el diario Perfil. Por este motivo, la menor no podría acceder al programa médico asistencial.

Al recibir el diagnóstico, la menor confesó que fue abusada sexualmente por su actual padrastro. Los administradores del Hospital notificaron a la Asesoría de Incapaces 5, a cargo de Patricia Gómez de González.

Sin embargo, luego, ante la Justicia, la menor y su madre sorprendieron con su decisión. “Con respecto al caso de la menor salteña embarazada que tomó estado público, la asesora de Incapaces y Menores, Patricia Gómez de González, informó al Ejecutivo provincial la voluntad manifestada por la niña y su madre, en un acta rubricada, de continuar con el embarazo”, se difundió el lunes desde el Gobierno de la Provincia.

El caso provocó una fuerte polémica en la provincia, en cuanto a dos temas: el protocolo para acceder al aborto no punible, que se aplica cuando el embarazo es producto de una violación o pone en riesgo la vida de la madre, y la intervención de asesores psicológicos.

Desde diferentes sectores salieron al cruce y cuestionaron varios puntos del protocolo que se aplica para acceder al aborto no punible. Según denunciaron, este instrumento legal apunta a dilatar tiempos, influir en las decisiones y hacer desistir del aborto a las víctimas de violación.

Por su parte, en la inauguración del Polo Integral de Mujeres, el gobernador Juan Manuel Urtubey indicó que “hubo 18 pedidos” de aborto no punible y “se practicaron seis”. Hubo cuatro que no se hicieron porque habían pasado las 12 semanas y otros ocho en que las mujeres desistieron por su propia voluntad “después del gabinete de salud pública que plantea el propio Ministerio de Nación”, según el mandatario.

Este punto fue el más crítico del planteo. Existen sectores que sostienen que ese tipo de interferencia de los psicólogos buscaría convencer a las víctimas de que sigan con el embarazo sin importar las circunstancias en las que fue concebido o el riesgo a la salud. “Es llamativo que haya un gran número de mujeres que desistan luego de esta consulta”, expresó en diálogo con El Tribuno Andrea Flores, antropóloga y docente universitaria que estudió el protocolo para asesorar al Observatorio de Violencia Contra las Mujeres.

La Corte Suprema de Justicia resolvió en 2012 que el único requisito para acceder al aborto no punible era que la víctima firmara una declaración en el hospital asegurando haber sufrido un delito sexual. El protocolo del gobierno de Salta, en cambio, exige que la víctima además haga una denuncia policial y que intervenga el Ministerio Público, y fija la semana 12 como límite para la intervención.

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