El Tribunal de Impugnación Penal confirmó una condena a 15 años de prisión contra un padre que abusó sexualmente de dos hijas, al no hacer lugar al recurso de impugnación presentado por el defensor oficial del imputado, Marco Mezzasalma.
Los jueces de la Sala A, Fernando Rivarola y Filinto Rebechi, ratificaron en un todo el fallo que dictara la jueza de audiencia santarroseña, Alejandra Flavia Ongaro, el 12 de marzo pasado en General Acha.
La magistrada, con las pruebas reunidas en el juicio, condenó al padre de 51 años a 15 años de prisión por ser autor del delito de abuso sexual mediando violencia y amenazas, con acceso carnal, agravado por ser ascendiente de las víctimas, encargado de la guarda y aprovechando la convivencia preexistente con ellas, en perjuicio de dos hijas biológicas; resultando un grave daño en la salud mental de una de ellas y en el marco de la ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
A su vez lo absolvió, por aplicación del beneficio del “in dubio pro reo” -en caso de duda se favorece al reo-, de una acusación similar contra una tercera hija.
Ongaro dio por acreditado que el acusado -un hombre analfabeto que realiza changas y es padre de siete hijos, uno fallecido- abusó de sus hijas “bajo amenaza, utilización de un cuchillo y violencia física, durante al menos cinco años”, ubicando los hechos entre marzo de 2012 y abril del año pasado, cuando las propias víctimas lo denunciaron.
Mezzasalma, defensor oficial en General Acha, atacó la sentencia aduciendo que Ongaro había efectuado una errónea valoración de las pruebas y que no se respetaron las garantías constitucionales del derecho a defensa y el debido proceso. En ese sentido cuestionó los testimonios de dos psicólogas, que no respetaron el deber de abstención por secreto profesional, ya que la magistrada no los relevó del mismo. Por lo tanto, planteó, si esas declaraciones fuesen nulas, la existencia de los hechos no podrían haberse fundado en sus dichos.

Argumentos.
Rivarola, autor del voto inicial al que se sumó Rebechi, descartó que los testimonios de las psicólogas debieron ser invalidados porque en la audiencia de ofrecimiento de pruebas -previa al juicio-, “el defensor no expresó su disconformidad” con lo propuesto por el Ministerio Público Fiscal y adhirió a ello, “tal como surge del acta obrante y de la escucha que el suscripto realizó del audio del 18 de octubre de 2017 (…) Si la defensa hubiera observado una actividad procesal defectuosa, no debió convalidarla”.
“Lo llamativo es que el recurrente, durante el juicio y en las declaraciones prestadas por ambas profesionales, no se opuso en ningún momento y más aún, interrogó a las testigos”, agregó. “Además debo hacerle saber a la defensa que la abstención establecida en el artículo 196 del Código Procesal Penal de La Pampa lo es a favor de los testigos, quienes serían las personas por las cuales se vulneraría el ‘secreto profesional’”, remarcó el juez.
Con relación a una presunta imparcialidad de Ongaro, el TIP señaló que “no se observó, por parte de la juzgadora, ninguna vulneración a la garantía de parcialidad a la que aludió la defensa.
En primer término, el imputado, si bien fue llevado a una sala contigua, donde escuchó las declaraciones de las víctimas; quedó asistido dentro de la audiencia por la defensa y ésta en todo momento pudo ejercer su derecho y aún solicitar -en el momento que creara oportuno- un cuarto intermedio para tener contacto con su defendido y suplir las dudas que el testimonio le acarreara. Además la jueza fue clara sobre que al momento de regresar a la sala se le pondría en conocimiento todo lo sucedido durante su ausencia”.

“Opinión formada”.
Mezzasalma también sostuvo que, al tomarle juramento a las denunciantes, la jueza las trató de víctimas, “denotando una opinión formada” de manera previa. Las hijas, indicó Rivarola, “han revestido el carácter de víctimas durante todo el proceso, ¿o acaso la defensa olvidó que existía una denuncia penal de instancia privada (abuso sexual) de las propias víctimas? (…) Este tribunal no observó que la defensa haya formulado oposición alguna durante el trámite del proceso, tornándose incomprensible el planteo formulado”.

Con respecto al agravio sobre la errónea valoración de la prueba, el TIP respondió que “existen sobradas pruebas que denotan que el imputado fue el autor de las conductas por las cuales resultó condenado”. En ese sentido subrayó -en alusión al agravante que significa ser ascendiente de las víctimas- “el rol que debe cumplir” esa persona, pues conlleva “un conjunto de derechos y deberes inherentes a la condición misma de padre, circunstancia que colocó a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad (…) Ello dado porque nunca esperaron que el proveedor -en esta caso su padre- avanzara en comportamientos espurios sobre ellas, ya que no es natural que un padre sedujera a sus hijas” para abusarlas.

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