Los decanos de facultades de todo el país reaccionaron ante la reforma que anunció el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, porque “avanza” sobre la formación de los abogados. No hubo participación ni convocatoria a las universidades.

El Consejo Permanente de Decanos de Derecho de Universidades Nacionales planteó su rechazo a la reforma judicial propuesta por la Corte Suprema de Justicia. Las autoridades universitarias manifestaron su preocupación por el avance del Poder Judicial Nacional en la formación y habilitación de los abogados.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, Oscar Alpa, es el presidente ad tempor del Consejo. También participa en ese órgano el vice decano Francisco Marull. El órgano emitió un documento sobre su posición en torno a la reforma judicial planteada por la Corte Suprema de Justicia que fue difundido el lunes 5 de marzo último por su titular Ricardo Lorenzetti durante el discurso de apertura del año judicial.

El escrito de los decanos se manifestó a favor de “la defensa del sistema universitario” y en contra de los “manejos corporativos”. Uno de los puntos más conflictivos es la pretensión de que se instrumenten exámenes de aptitud profesional por parte de otras instancias para los abogados, lo que les restaría carácter habilitante a los títulos expedidos por las instituciones universitarias, según advirtieron.

Los decanos de todo el país aseveraron que comparten el trazo grueso de la propuesta, llamada “Lineamientos de una política de estado para la transformación de los poderes judiciales, la abogacía y la educación legal”. Pero resaltaron que recibieron el proyecto con “sorpresa” y “malestar” por la omisión de un llamado a la “participación mayoritaria de los interesados”.

Consejo Fac Derecho 2

Además, según el documento oficial, el Consejo rechazó “cualquier injerencia o avance del Poder Judicial en temas relativos a la formación y capacitación de abogados sin la debida convocatoria y participación real de las universidades”. “La legitimación exclusiva de las Facultades de Derecho en la materia deriva de la propia ley de Educación Superior Nº 24.521 (texto modificado por Ley 27.204) sancionada por el Congreso de la Nación”, completaron.

El Consejo en pleno dejó en claro su “total disconformidad” y “rechazo” a cualquier injerencia o avance del Poder Judicial en temas relativos a la formación y capacitación de abogados “sin la debida convocatoria y participación real de las universidades”.

Los decanos recordaron que ni el Poder Judicial nacional o provincial ni el ministerio de Justicia federal o provinciales pueden “definir políticas referidas a la enseñanza del derecho y a la formación científica y profesional de los abogados, como así también para instrumentar exámenes de aptitud profesional que resten carácter habilitante a los títulos expedidos por las instituciones universitarias”.

 

El Diario de La Pampa

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