El hermano del joven tatuador apeló ante la Cámara Federal la decisión de que el espionaje a la familia Maldonado sea investigada en el sur por el juez Guido Otranto, quien fuera apartado del caso por su falta de imparcialidad. Los representantes de Sergio Maldonado argumentaron que la competencia territorial es de los tribunales federales de Capital Federal, ya que las órdenes fueron impartidas desde el ministerio de Patricia Bullrich.

La justicia federal porteña de primera instancia pretende que la causa por el espionaje a la familia Maldonado sea investigada en el sur, nada menos que por el juez federal de Esquel, Guido Otranto. Sus abogados apelaron esa decisión y hoy fueron escuchados sus argumentos en la Cámara Federal, hasta donde llegó Sergio Maldonado, hermano del joven tatuador desaparecido en territorio mapuche recuperado de Cushamen y aparecido muerto el 17 de octubre en el mismo lugar donde había sido visto por última vez mientras Gendarmería reprimía una protesta por el encarcelamiento del lonko Facundo Jones Huala. Otranto es el magistrado que fue apartado del caso Maldonado por su falta de imparcialidad, y es quien permitió durante la primera etapa la injerencia directa del Poder Ejecutivo para proteger a los gendarmes sospechados. El espionaje, realizado en el marco del ya denunciado Proyecto X, consistió en relevar los movimientos de Sergio Maldonado y su compañera Andrea Antico durante las actividades de búsqueda de Santiago, como así también monitorear a referentes de organismos de derechos humanos.

Luego de que el juez federal Daniel Rafecas se declarara incompetente, a instancias del dictamen del fiscal Guillermo Marijuán, los representates de Maldonado -Myriam Bregman y Matías Aufieri, del Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos)-, apelaron ante la Cámara que la competencia territorial es de los tribunales federales de Capital Federal porque las órdenes de los funcionarios fueron impartidas desde el ministerio que conduce Patricia Bullrich. En los próximos días ese tribunal deberá resolver la cuestión originada en la denuncia presentada en octubre, que da cuenta del seguimiento e inteligencia ilegal practicada por distintos miembros de Gendarmería Nacional sobre Sergio Maldonado, su compañera Andrea Antico, y los querellantes en la causa de la APDH, Julio Saquero y Mabel Sánchez.

La actividad denunciada salió a la luz en la propia investigación en torno a la desaparición de Santiago, donde quedaron en evidencia decenas de comunicaciones entre el Centro de Reunión de Información de Gendarmería Nacional (emplazado en la ciudad de Neuquén) y Fabián Méndez, jefe del Escuadrón de El Bolsón (Río Negro), en las cuales traficaban información de la actividad de los familiares, organismos, pobladores originarios y manifestantes que en todo el país reclamaban por la aparición de Santiago Maldonado.

Ese accionar se desarrolló mediante líneas de telefonía celular con asiento en Buenos Aires y abarcó distintas provincias del país, lo que entraría en contradicción con la disposición que adoptó la justicia federal, a instancias de Marijuan, para que la investigación de estos delitos quede a cargo del juzgado federal de Esquel, con un radio de intervención acotado a esa ciudad y unos pocos kilómetros a su alrededor. El colmo del asunto es que el encargado de investigar esa actividad, incluso facilitada por información filtrada desde su propio juzgado, sería el cuestionado Otranto, quien fuera recusado y apartado de la investigación relativa a la desaparición de Santiago por las numerosas irregularidades cometidas, y la parcialidad y prejuzgamiento que ese magistrado demostró durante los dos primeros de la causa.

Gonzalo Cané, emisario del Ministerio de Seguridad de la Nación y que detenta el cargo de Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, entre otras maniobras para las que fue destinado al sur del país tras la desaparición de Santiago, se dedicaba a presentar escritos en la causa, solicitando que el peritaje de los celulares se limitara únicamente a la jornada del 1º de agosto en que Santiago desapareció tras una brutal represión de Gendarmería sin orden judicial. De esa manera, Cané buscaba encubrir lo que luego saldría a la luz, el espionaje a los sectores que denunciaban al gobierno nacional tras la desaparición. Lo hacía bajo la sutileza de “preservar el secreto y la confidencialidad que requiere la información concerniente a la seguridad interior”.

Espionaje interior es ilegal

Los gendarmes habían elaborado un listado de los viajes de Santiago Maldonado, y tras su desaparición se dedicaron a espiar a su familia y a referentes de organismos de derechos humanos como Mabel Sánchez y Julio Saquero. El viernes 4 de agosto, a las 17:30 y con el título “Acontecimiento”, el CRI (Centro de Reunión de Información) de Neuquén informaba sobre una “concentración en Plaza Pagano” de El Bolsón. Y detallaba que los manifestantes “marcharían con destino al Esc. 35” pero que “por orden de Maldonado (hermano) se reorganizan y se dirigen a la casa del jefe de escuadrón 35 sita sobre la calle 25 de mayo”. Tres días después, el lunes 7, otro mensaje recibido en el celular de Méndez decía “Andrea Antico y Sergio Maldonado van a estar en el Centro Cívico. Son matrimonio”.

Así como en su momento en la causa principal que investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado se presentó en forma espontánea el gendarme Emmanuel Echazú y quedó imputado, lo mismo sucedió en este expediente con Cané. Esto les permite a ambos, más allá de que luego terminen procesados o absueltos, el pleno acceso a las investigaciones.

Por otra parte, además de elevar a juicio a los mapuche acusados por la represión a la supuesta interrupción del tren La Trochita y de instruir todas los procesos que criminalizaron a los principales testigos del caso Maldonado, Otranto avanzó varios casilleros en sus aspiraciones profesionales, dado que se conformó la terna en el Consejo de la Magistratura para evaluar su posible ascenso a un tribunal oral y este juez quedó en primer lugar.

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