Demoras en la licitación para la construcción de la Autopista a Anguil

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El programa de Participación Público Privado (PPP), con el que el gobierno nacional pretende construir más de 7.500 kilómetros de autopistas y rutas seguras, todavía no logra ponerse en marcha. El Plan Vial Federal, a través de la PPP, incluye un corredor denominado “B” que no es ni más ni menos que la Ruta Nacional 5. Allí está prevista la construcción de la mentada autopista entre Santa Rosa y Anguil, de 31 kilómetros de extensión.
Ayer, el portal de noticias La Política Online (LPO), que se edita en la Capital Federal, informó que el arranque del programa PPP será postergado porque los empresarios no quieren que les cobren el Impuesto al Valor Agregado (IVA). “Necesitamos trabajar en equipo con el sector privado a través de un sistema de inversión confiable y transparente”, es el lema del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.
El modelo de inversión público privado ya ha sido utilizado en Inglaterra -allí nació el programa- y también en España. En ambos países, con el correr de los años, han aparecido voces críticas que aseguran que no funcionó como se preveía y significó una millonaria pérdida para ambos Estados.

Un mes y medio.
Más allá de las discusiones que por estos días se suscitan en aquellos países, el gobierno nacional tiene previsto realizar la apertura de sobres para la construcción de rutas y autopistas el próximo 3 de abril. “Según supo LPO será postergada por el Ministerio de Transporte porque los empresarios pidieron más tiempo, ya que tienen las dudas por la letra chica del programa. La postergación sería por alrededor de un mes y medio”, planteó el sitio de noticias.
En la página oficial de Transporte, al menos hasta ayer a la tarde, el cronograma del PPP argentino todavía indicaba que el tercer día de abril se realizaría la apertura de sobres, aunque más abajo una leyenda advertía que la fecha era tentativa y podía estar sujeta a cambios.
“El problema es que los empresarios siguen teniendo complicaciones para analizar los costos del modelo y las posibilidades de retorno de la inversión. El aumento de las tasas de interés para endeudamiento y las dudas sobre el cumplimiento de las metas de inflación, no hacen más que poner todavía más cautelosos a los hombres de negocios”, informó LPO.

Alto interés.
En artículos anteriores, el portal viene advirtiendo que uno de los inconvenientes principales que tiene el programa es que el financiamiento es sin garantía soberana, por lo que la tasa de interés que enfrentan las empresas al buscar financiamiento es mucho más alta. “La ley de PPP precisamente evita ese detalle, ya que si el Estado termina garantizando las deudas no tiene sentido el sistema, que implicaría tomar deuda a tasas más caras que si hiciera de manera directa, como es hasta ahora”, se explicó.
A esa dificultad, advierten, se suma el problema que tienen las constructoras tradicionales de la Argentina: no tienen la pericia y experiencia para salir a tomar deuda a los mercados internacionales. Por esa razón -asegura LPO- “las interesadas hasta ahora son las grandes empresas como Techint, Roggio, Cartellone o Mindlin, o algunos actores nuevos como Araucaria y Santos Uribelarrea, más vinculados a los negocios energéticos. Pero dejar afuera a las constructoras tradicionales sería riesgoso para el Gobierno”.

Bono TPI.
Otra controversia sin resolver entre los empresarios y el gobierno es el método elegido para el pago de las obras, que es la emisión de un “bono TPI” (Títulos de Pagos con inversión). “Se trata de un bono en dólares a 10 años que le entregarán a los contratistas ante cada período de obra finalizado. El problema es que el Gobierno impuso que esos títulos tengan interés cero, a menos que se atrasen los pagos. Lo que dicen los empresarios es que por no tener tasa de interés y las dudas que hay con los PPP, estos títulos en el mercado los podrían colocar a un 35% de su valor, según calculan”, informó LPO.
Pero eso no es todo: “Por otra polémica decisión del Gobierno los bonos TPI tienen que pagar IVA, por lo que habría que descontarle otro 21%, lo que descalza toda la ecuación económica del negocio”, se añade en el artículo.
Por esa razón, las constructoras tradicionales, sin experiencia para estructurar una operación financiera compleja como los TPI, presionan al Gobierno para que emita un bono y les pague al estilo tradicional.

¿Más caro que el tradicional?
Los aportes del sector público y privado que confluirán para la realización de las obras mediante el sistema PPP irán a un fideicomiso que se creará especialmente. Otra duda de las empresas es qué pasará si esa cartera es insuficiente. “En el Gobierno se comprometen a incluir cada año en el Presupuesto una garantía para que el Tesoro pague la diferencia”, se informó.
Ante el panorama descripto, el riesgo que estima el sector privado es grande. Días atrás, el diario El Cronista reveló que los proyectos que las empresas están diagramando para presentar ante el Gobierno contienen precios que hasta duplican los de las obras tradicionales.
“La resolución inmediata que analizan en Transporte es, además de postergar la apertura de los sobres, efectivamente cumplirle el deseo a los empresarios y eximir el IVA para garantizarles un mayor margen de ganancia. Las constructoras tradicionales preferirían directamente que el Gobierno emita un bono y les pague por las obras, aunque el problema de la Rosada es que se le está disparando la relación deuda/PBI y necesita descomprimir el endeudamiento”, sostuvo La Política Online.

 

La Arena

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