Los diputados pampeanos Sergio Ziliotto, Melina Delú y Ariel Rauschenberger cuestionaron el megadecreto

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Los diputados pampeanos Sergio Ziliotto, Melina Delú y Ariel Rauschenberger, integrantes del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de la Nación, cuestionaron el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 27, publicado el último jueves en el Boletín Oficial, debido a que consideran que “colisiona fuertemente contra la transparencia y el rol del Congreso”.
“Vamos a buscar todos los consensos posibles para llevar al recinto el debate de todo este Decreto y procuraremos eliminar todo lo sea nocivo para la institucionalidad y la transparencia”, expresaron los legisladores.
“El gobierno tiene que respetar el debate parlamentario, no se puede saltear al Congreso de la Nación en una reforma que contempla áreas verdaderamente sensibles para el funcionamiento del Estado y el futuro de los argentinos”, sostuvieron los diputados nacionales. “Con este megadecreto en pleno verano el oficialismo pretendió encontrar a los argentinos desprevenidos, si no se analizan con seriedad estos cambios pueden generar resultados muy nocivos para el país. Nada impide que el propio Poder Ejecutivo llame a sesiones extraordinarias para tratar la materia que hoy legisla vía DNU”, añadieron.

Inconstitucionales.
A modo de ejemplo sobre la gravedad de algunas de las decisiones tomadas por el citado DNU, los diputados justicialistas alertaron en particular sobre los cambios propuestos sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses. “Los artículos 153 y 154 resultan claramente inconstitucionales, no se acredita ninguna urgencia ni circunstancia excepcional que amerite no cumplir con el trámite parlamentario de la sanción de la norma”, afirmaron.
Asimismo, remarcaron que “estas modificaciones no conducen a un Estado menos burocrático, sino que intentan alterar estructuras legales de transparencia y responsabilidad estatal que son elementales”.
En este sentido, explicaron que “por medio del artículo 153 se excluye al FGS del régimen de contratos del Estado, lo que significa que el dinero que se utilice del fondo ya no tendrá que cumplir con los principios generales de todas las contrataciones públicas. Y a través del artículo 154, que autoriza a Anses a constituir y/o estructurar fideicomisos, habrá controles muchos más laxos”.
También destacaron que “otro aspecto inentendible es la eliminación de la inembargabilidad de las cuentas sueldos”.
“El DNU que publicó el gobierno este jueves selló el fin de la inembargabilidad de esa cuenta”, señalaron finalmente.

 

LA ARENA

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