La actual administración copió casi textualmente los argumentos utilizados por el gobierno de Carlos Menem hace 27 años para justificar la flexibilización de las condiciones laborales y la apertura indiscriminada de importaciones, que la oposición ya anticipó que rechazará en la Bicameral.

“Que habiendo iniciado la Nacion una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía popular de mercado, la permanencia de normas dictadas en otro contexto constituye un factor de atraso y entorpecimiento del desarrollo nacional”. De esta forma se argumentó en los considerandos del decreto 2284/91 del 31 de octubre de 1991.

“Que habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía pujante, competitiva y transparente, la permanencia de normas dictadas en otros contextos constituye un factor de atraso y de entorpecimiento del desarrollo nacional”. De esta forma se argumentó en los considerandos del DNU 27/18 del 11 de enero de 2018.

El investigador del Conicet Pablo Vommaro fue quien halló lo que difícilmente podría denominarse una casualidad. Vommaro, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, publicó en Twitter ambos párrafos. Una manera de enhebrar los vínculos entre el menemismo y el macrismo. Hay apenas una pequeña diferencia: el decreto 2284/91 habla de “economía popular de mercado”, mientras que el último DNU invoca una “economía pujante, competitiva y transparente” y habla de contextos en lugar de contexto.

El mejor equipo en 50 años copia fundamentos de decretos como si esto fuera El rincón del vago:
 El decreto de 1991, inscripto en los años de neoliberalismo a ultranza, desreguló el comercio interior y exterior y liquidó dos órganos centrales de la vida económica argentina de los anteriores 60 años: las juntas reguladoras de carnes y granos, que evitaban disparadas de precios en el mercado interno. Toda una larga serie de regulaciones en las industrias del vino, la yerba mate y el azúcar también fueron dejadas de lado en pos del sueño menemista de ingresar al Primer Mundo.

Más de un cuarto de siglo después, el DNU de Macri busca “reducir la cantidad de trámites que deben hacer las empresas para poder operar en el país, buscando ser más eficiente, y con el consecuente ahorro de tiempo”. El decreto afecta el sector portuario, la aviación civil, la Unidad de Información Financiera y el Senasa, entre otras áreas. Además, permite embargar las cuentas sueldo de los trabajadores, en una medida que beneficia a los acreedores.

Como en 1991, la palabra clave vuelve a ser desregulación. Y la inclusión de un párrafo casi textual parecería ser un homenaje del gobierno nacional, tributario de aquellas políticas.

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