El Gobierno dictó un megadecreto que modifica y deroga cientos de leyes en áreas de ocho ministerios

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Las modificaciones mayúsculas que introdujo el Gobierno con un decreto de necesidad y urgencia están en línea con los planteos de la OCDE, un organismo de países ricos con políticas ortodoxas al que la Argentina se quiere integrar.

Con un decreto de necesidad y urgencia el Gobierno introdujo un extenso conjunto de modificaciones para “desburocratizar” y “simplificar” el Estado. En la vasta normativa convive la flexibilización de los controles para las empresas que incumplen la legislación laboral con la regulación de los cuatriciclos. A pesar de su dispersión, las medidas previstas a lo largo de 192 artículos están en línea con la reorientación de las políticas públicas emprendida por Cambiemos desde su llegada a la Casa Rosada. Guiado por los principios de liberalización, desregulación y flexibilización, el DNU 27/2018 habilita embargos directos sobre las cuentas sueldo que estaban prohibidos, modifica normas fitosanitarias vigentes hace ochenta años para impulsar el comercio, acompaña el proyecto de cielos abiertos, facilita la venta de activos estatales y unifica el esquema de contrataciones del sector público. Los cambios también legitiman el funcionamiento irregular registrado por la UIF, el organismo encargado de investigar maniobras de lavado de dinero, a lo largo de los últimos dos años. La normativa incluso modifica leyes recién aprobadas que fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo como el denominado Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor. Las implicancias de la modificación y derogación de cientos de leyes y decretos terminarán de conocerse cuando las innovaciones sean reglamentadas.

Los considerandos del DNU ofrecen una contundente épica para justificar las transformaciones: “Habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía pujante, competitiva y transparente, la permanencia de normas dictadas en otros contextos constituye un factor de atraso y de entorpecimiento del desarrollo nacional”. Entre las áreas alcanzadas por las modificaciones figuran los ministerios de Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía. El DNU además impactará sobre la Anses, el Banco Central y la AABE, el organismo encargado de administrar los bienes del Estado. Especialistas en derecho administrativo consultados por este diario señalaron, además, que la norma retacea la capacidad de la Inspección General de Justicia en materia de inspección y denuncia de delitos de acción pública. “El Plan de Modernización del Estado tiene entre sus objetivos constituir una Administración Pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios, a partir del diseño de organizaciones flexibles orientadas a la gestión por resultados”, expresa en los considerandos al enfatizar “la necesidad de iniciar un proceso de eliminación y simplificación de normas”. El proceso de desregulación que sigue los lineamientos sugeridos por la OCDE, organismo al que pretende sumarse el Poder Ejecutivo, será “permanente” y “debe estar acompañado por una revisión del funcionamiento de la burocracia estatal, que tenga por fin la eliminación de barreras regulatorias que atenten contra los principios constitucionales de libertad económica”.

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