Caso Odebrecht: condenaron al vicepresidente de Ecuador a seis años de prisión por corrupción

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LA JUSTICIA ECUATORIANA SENTENCIÓ A JORGE GLAS TRAS ENCONTRARLO CULPABLE DEL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA.

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenó el miércoles a seis años de prisión al vicepresidente Jorge Glas, tras encontrarlo culpable del delito de asociación ilícita para delinquir en el marco de la trama de corrupción organizada por la empresa brasileñaOdebrecht .

En el caso fueron acusados nueve personas, pero sólo se ordenó prisión de seis años para cinco de ellos, incluido Glas. Al resto se les condenó sólo a 14 meses de cárcel, tras considerar que colaboraron con la justicia, y a uno se le dejó en libertad.

El abogado de Glas, Eduardo Franco, calificó la decisión del tribunal de “injusta, inicua y bárbara” y anunció que apelarán y pedirán suspender la pena.

A pesar del proceso legal, Glas ha dicho que no renunciará a su cargo y sigue siendo vicepresidente debido a que la ley en Ecuador dispone que ese cargo sólo queda vacante por renuncia, luego de tres meses de abandono –que se cumplen el 2 de enero– o por decisión de las tres cuartas partes de los miembros de la Asamblea tras un juicio político, lo cual no ha ocurrido.

Este es el primer caso relacionado con la corrupción propiciada por Odebrecht que llega a una sentencia en Ecuador.

Medio centenar de simpatizantes gritaban a favor de Glas y agredieron con palos y botellas a la prensa, mientras decenas de ciudadanos exigían a gritos la máxima pena en las afueras de la Corte, donde se desplegó un fuerte operativo policial.

El vicepresidente también es investigado por otros presuntos delitos como cohecho y enriquecimiento ilícito. Debido a las sospechas de corrupción, el presidente Lenín Moreno despojó a Glas de todas las funciones administrativas desde inicios de agosto.

Odebrecht reconoció que entregó 33,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos ecuatorianos a cambio de la concesión de obras estatales, pero recientemente la Procuraduría aseveró que los pagos ilegales habrían alcanzado 50 millones.

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