A pesar del encono personal y la tensión que trajo el desembarco de Cristina Kirchner en el Senado, Miguel Ángel Pichetto no facilitará el desafuero de la ex presidenta para que el juez Claudio Bonadio pueda detenerla.

El flamante interbloque “Argentina Federal”, que armó el senador rionegrino para no tener que sumar a Cristina a la vieja bancada del FPV, tiene la llave para aprobar el desafuero junto con Cambiemos, pero Pichetto ya había avisado en octubre que no avalan desafueros si no hay condenas firmes. Se trata de la “doctrina Menem” que le permite al ex presidente permanecer en su banca pese a que tiene una condena por el tráfico de armas, aunque no está firme.

Esa doctrina permanecerá inalterable para el caso de Cristina, según deslizó este mediodía el salteño Rodolfo Urtubey, que en los próximos días se hará cargo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la encargada de tratar el pedido de desafuero.

“Nosotros hemos respaldado esa doctrina absolutamente porque la propia Corte lo ha hecho, recordemos que dejó sin efecto un fallo de la Cámara Electoral que le impedía a Menem ser candidato sobre la base de la falta de firmeza de la condena. Si la Corte tiene ese criterio, con más razón el Senado tiene que tenerlo”, explicó el hermano del gobernador Juan Manuel Urtubey. “En este caso ni siquiera estamos ante una sentencia”, agregó.

La posición había sido planteada más temprano por otro integrante del bloque justicialista, el chaqueño Eduardo Aguilar. “Vemos muy bien la posición del Senado quien no ha avalado desafueros salvo que haya sentencia con condenas firmes. Hay un principio muy fuerte en democracia que es el de la voluntad popular. El hecho que sea legislador no impide que se siga procesando y nosotros no vemos que se deban avanzar en desafueros salvo evidencias muy firmes en contrario. Y el Senado en particular tiene una doctrina en que tiene que haber condena firme para avanzar en desafueros y no veo que eso vaya a cambiar en el caso de Cristina”, dijo Aguilar.

Se trata de la misma posición que sostuvo Pichetto en octubre, cuando el oficialismo (envalentonado por la detención de De Vido y por el triunfo electoral) especulaba con conseguir algún guiño de la justicia para evitar la asunción de Cristina como senadora.

“El Senado tiene una línea de definición, claramente reflejada en el fallo de la Cámara Federal que resolvió la procedencia de la candidatura de Menem. Sostiene el principio de presunción de inocencia y el concepto de sentencia firme como cosa juzgada. Con lo cual no veo que la voluntad popular pueda ser vulnerada por un mecanismo de desafuero en una instancia de instrucción”, dijo Pichetto en octubre al diario Perfil.

Más allá de las declaraciones públicas, será difícil conseguir los votos del nuevo bloque peronista, donde incluso está el propio Menem, que se descuenta que no votaría contra sus propios intereses. Pero también hay dirigentes que aunque no se fueron al bloque de Cristina, mantienen una buena relación con ella como se vio en su jura. Hay casos también como el de José Alperovich que por su paso por la gestión pública acumuló denuncias, por lo que difícilmente avale una prisión preventiva de este tipo.

Una situación idéntica a la del salteño Juan Carlos Romero, aliado al macrismo, que enfrenta causas complicadas en Salta y el año pasado enfrentó un pedido de desafuero del juez Diego Rodríguez Pipino en una causa por enriquecimiento ilícito.

De parte del macrismo, este viernes el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, reclamó “seriedad” para debatir el pedido de Bonadio. “Ante el pedido de desafuero por causa AMIA, corresponde estudiarlo con seriedad y fijar una posición no partidista sino institucional”, escribió en Twitter. “Cuando entre el pedido de desafuero lo analizaremos con seriedad y responsabilidad. No se trata de hacer política partidista sino de que funcionen las instituciones bien. Ese es el cambio”, agregó.

El ingreso del pedido de desafuero al Senado ocurriría entre este jueves y el lunes. Una vez que ingrese a la mesa de entradas de proyectos del Senado, el escrito de Bonadio debe ser girado a la comisión de Asuntos Constitucionales, que tendrá un plazo de 60 días para dictaminar sobre el desafuero.

El pedido tiene además algunos problemas operativos como que la Comisión de Asuntos Constitucionales no está conformada por el recambio de senadores. Hasta hoy era presidida por el kirchnerista Marcelo Fuentes, pero dejará ese lugar tras irse al bloque de Unidad Ciudadana. Urtubey explicó que el plazo de 60 días empieza a correr una vez que se conforme la comisión, lo que podría suceder ahora o una vez que culmine el receso.

Otro debate que circula por estas horas es si es necesario que el tema sea incluido por Mauricio Macri en sesiones extraordinarias para que se empiece a tratarlo en diciembre o si por tratarse de una orden judicial no hace falta ese requisito que tiene cualquier otro proyecto. Urtubey afirmó que esta última opción es la que corresponde, y el Poder Ejecutivo no tiene injerencia.

Una vez que la comisión de Asuntos Constitucionales resuelva sobre el pedido de desafuero (con un límite de 60 días), el pleno del Senado tendrá otros 180 días para aprobarlo (para lo que necesita la mitad más uno de los presentes en el recinto) o rechazarlo.

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